Organizaciones ambientales, climáticas y de la sociedad civil formularon un llamamiento al Estado dominicano a ratifique el Acuerdo de Escazú antes del 27 de septiembre para contribuir a que este convenio entre de inmediato en vigencia, el cual deben ratificarlo 11 países de la región antes de esa fecha.
El llamado lo formularon el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Fundación Ecológica Macorís Verde, Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD).
Además, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Grupo Jaragua, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), Fundación La Negreta, Programa de Acción Comunitaria para el Medio Ambiente (PACMA), Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicos Autorizados (ADEAPA) y el Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE).
Explicaron que el Acuerdo fue suscrito el 27 de septiembre de 2018, estableciéndose un plazo de dos años, hasta el 27 de septiembre de 2020, para que fuera ratificado y entrara en vigencia.
Ya nueve países lo han ratificado, faltando aún dos naciones para que entre en vigencia, el cual han aceptado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
Entre los países con mayores posibilidades para ratificar el acuerdo antes de la fecha límite son: México, Argentina y República Dominicana, por estar gobernados por sectores progresistas y democráticos identificados con los propósitos del convenio regional.
Señalaron que en México y Argentina el proceso de ratificación está muy avanzado y en cualquier momento puede ocurrir, en cambio, República Dominicana, el Acuerdo de Escazú aún permanece estancado en la Cancillería después de dos años que el Gobierno dominicano lo suscribiera.
Informaron que el pasado miércoles 16, apelaron al canciller Roberto Álvarez para que no demorara más este convenio y lo despachara de urgencia a la Consultoría Jurídica de la Presidencia para que ésta a su vez lo envíe al Tribunal Constitucional, con el propósito de que revise su conformidad con la Constitución, y finalmente sea sancionado por el Congreso Nacional.
“Pedimos a las actuales autoridades, especialmente del Tribunal Constitucional, de la Cámara de Diputados y del Senado, el mejor de sus esfuerzos en esta carrera contra reloj para asegurar la entrada en vigencia de este Acuerdo”, exhortan.
Consideraron que por la trascendencia de este Acuerdo todos los estamentos del Estado involucrados en su ratificación, especialmente el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional, deben hacer un supremo esfuerzo para que este proceso concluya antes del 27 de septiembre.
“En este momento en que la región de América Latina y el Caribe está convulsionada, requiere que la democracia sea transformada de democracia representativa a participativa y el Acuerdo de Escazú promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones, lo que reduciría los conflictos socioambientales”, dijeron.
Expusieron que este convenio garantiza el acceso a la Información, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en asuntos ambientales, así como la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.
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