Santo Domingo.- El primer caso de supuesta corrupción de la pasada administración de gobierno que encabezó el expresidente Danilo Medina, ya está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que ahora tiene la responsabilidad de profundizar en la investigación del hecho.
Según el expediente depositado la mañana de este míercoles en la sede de la PGR entre los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo, expresa el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.
Esas declaraciones la emitieron en momentos en que depositaban el expediente con las presuntas irregularidades en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Ambos funcionarios piden a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar las investigaciones de lugar con relación a las irregularidades en la contratación de unos 11,500 millones de pesos.
Como el exministro Gonzalo Castillo no forma parte de la administración pública, no buscan sanción administrativa, sino actuar según lo establecido en el artículo 169 de la Constitución, que establece es facultad del Ministerio Público hacer las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
Ortiz Bosch y Pimentel se reunieron con Germán Brito, donde le expresaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones del Estado.
Ambos funcionarios coincide en señalar que el informe sobre el caso que emitió el exdirector de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la investigación, no es sostenible, tras analizar los documentos depositados en esa dirección de ética.
Según la titular, la Dirección de Contrataciones Pública contactó, que las irregularidades de procedimiento de excepción realizado por el MOP coinciden en gran parte con la denuncia realizada por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación “El Informe” difundido el año pasado.
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