Berlinesa Franco, exdirectora del Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), fue sometida a un largo interrogario que duró 7 horas, como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de licitación convocado por esa entidad, en el periodo de cuarentena por la pandemia COVID-19.
El interrogatorio efectuado este viernes fue llevado a cabo por la Fiscalía del Distrito Nacional, encabezada por la procuradora fiscal titular Rosalba Ramos y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
A requerimientos del Ministerio Público, Franco compareció voluntariamente en compañía de su abogada para responder los cuestionamientos de la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA con relación al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, el cual fue abierto por esta institución del Estado para adquirir kits de alimentos.
La fiscal titular del Distrito Nacional destacó que en esta fase de investigación se recaban todas las informaciones necesarias y no se descarta la posibilidad de que sean citadas otras personas.
Asimismo, la magistrada Ramos manifestó que se está a la espera de que la Cámara de Cuentas suministre otros datos que han sido requeridos, los cuales no estaban detallados en el informe que anteriormente se remitió al Ministerio Público.
Durante la entrevista a la exfuncionaria, además de la magistrada Ramos, también participaron las procuradoras fiscales Karina Concepción y Elvira Rodríguez, en representación de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como el procurador fiscal Narciso Escaño, por parte de la PEPCA.
Por este caso han sido interrogados otros funcionarios que laboraban en el INAIPI cuando se produjeron las presuntas irregularidades: Juan López, expresidente del Comité de Compras; Stefany Severino, exencargada de Legal; Newton Morales, notario; Ricardo Guzmán, exdirector de Operaciones; Eduardo Suero Poche, encargado de Abastecimiento y Suministro; Maira Martínez, exencargada de Compras; Elena Rosario, encargada de Administración, y Alberto Patxot, exdirector de Planificación.
De igual forma, el pasado 17 de abril de 2020, la Fiscalía recibió formalmente las declaraciones del empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L, sobre la denuncia de las presuntas irregularidades en INAIPI. Se recuerda que Cabrera realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, manifestando los actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso de licitación.
Luego de ser denunciados los hechos, la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA fueron apoderadas de este caso, e inmediatamente abrieron una investigación, con la finalidad de obtener las evidencias que permitan establecer si en dicho proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público estableció que sigue recabando datos sobre los hechos ocurridos en la convocatoria a licitación y avanzando en los procesos de investigación.
De igual forma, reafirmó su compromiso de hacer todo lo que corresponda para verificar la comisión de hechos penales y de confirmarlos, actuará conforme lo establecen las leyes de rigor.
En ese sentido, el órgano persecutor de los delitos señaló que de comprobarse las irregularidades denunciadas, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los involucrados podrían enfrentar sanciones penales.
