La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirmó que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región.
Así lo dio a conocer el organismo de las Naciones Unidas, en un nuevo documento divulgado hoy en su sede central en Santiago de Chile.
El informe titulado América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, fue dado a conocer en una conferencia de prensa virtual (vía video) por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena.
El reporte aborda la coyuntura, los escenarios y las proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis pandémica global, junto con recomendar acciones de política en diversos ámbitos para contrarrestar sus negativas consecuencias.
Señala que solo con un nuevo modelo de desarrollo la región evitará volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia del COVID-19 pueden no solo ser devastadores en el corto plazo, sino, también, deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo.
El informe expresa la urgencia de implementar en la región acciones inmediatas que permitan aplanar la curva de contagio por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), sin aplanar la curva de la economía.
Insta a los gobiernos de la región a tomar medidas urgentes para abordar la emergencia sanitaria, la emergencia social y la emergencia económica. En el largo plazo, llama, también, a los países a repensar sus estrategias de desarrollo, fortaleciendo la coordinación e integración regional y regional para asegurar las cadenas de suministro de bienes críticos, promover una migración voluntaria, no forzada, aliviar la pobreza y fomentar la reducción de la desigualdad, y fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de producción, entre otras medidas.
“El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. Una situación de economía de guerra es demasiado importante para dejarla al mercado. Los Estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social”, afirmó Alicia Bárcena.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL agregó que en esta coyuntura la cooperación internacional juega un rol fundamental.
“La salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país, por lo tanto, dadas las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de la ONU, el FMI y el Banco Mundial será esencial para garantizar el acceso al financiamiento y sostener el gasto social y la actividad económica con medidas innovadoras”, indicó.
Precisó que, para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances a mediano y largo plazo, la CEPAL ha puesto en marcha el Observatorio COVID-19, un esfuerzo coordinado por la CEPAL con el apoyo de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, que presentará información actualizada sobre los anuncios de política de cada país y otros materiales de interés. El Observatorio contiene información sobre movimientos dentro y entre los países, salud, trabajo, economía y escolaridad.
El estudio indica que América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la llegada del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020.
Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque no se puede descartar que se llegue a contracciones de entre -3% y -4%, o incluso más.
Precisa que el impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global, advierte la Comisión, que según el informe, la crisis del COVID-19 tendrá efectos económicos directos en los sistemas de salud y las tasas de mortalidad, y efectos indirectos, que se materializarán por el lado de la oferta y la demanda en la economía.
Entre los efectos directos se cuenta el impacto en los sistemas de salud de la región, cuya infraestructura es insuficiente para enfrentar los problemas generados por la pandemia.
La mayoría de los países de la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Por ello, fortalecer los sistemas de salud requiere mayor y mejor gasto público: los países de la región gastan en promedio el 2,2% del PIB en salud; por lo tanto, es necesario encontrar espacio fiscal para fortalecerlos.
Los efectos indirectos de la crisis desatada por la pandemia se están sintiendo en la región a través de cinco canales externos de transmisión, tal como lo señaló Alicia Bárcena hace pocos días[1]: 1) La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; 2) La caída de los precios de los productos primarios; 3) La interrupción de las cadenas globales de valor; 4) La menor demanda de servicios de turismo; y 5) La intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
De acuerdo con el estudio de la CEPAL, se prevé que el valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos en 10,7% en 2020, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global.
Además, dado que la propagación del virus ha acelerado el uso de internet y de las tecnologías digitales, este aumento puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y entre los grupos de ingresos.
La integración regional es crucial para enfrentar la crisis, enfatiza el organismo de las Naciones Unidas. Los países de la región tienen capacidades productivas poco sofisticadas y fragmentadas a nivel regional, por lo que se requiere escalar las capacidades nacionales y regionales, principalmente en la producción y provisión de bienes de primera necesidad. Para ello es imperativo impulsar el comercio intrarregional, señala el informe.
En el área interna, las medidas de contención tendrán costos en la producción (hasta 67% del PIB regional) y el empleo (hasta el 64% del empleo formal).
Asimismo, las medidas de prevención y contención profundizan la crisis de los cuidados en la región: en el período previo a la crisis sanitaria, las mujeres destinaban entre 22 y 42 horas semanales a actividades de trabajo doméstico y de cuidados. La presión sobre los sistemas de salud impactará significativamente a las mujeres, pues son el 72,8% del total de personas ocupadas en este sector.
“El mundo y la región enfrentan una recesión que va a tener efectos de corto y largo plazo. La pregunta es cómo minimizar sus costos y retomar el crecimiento. La magnitud dependerá, entre otros factores, de la contundencia de la respuesta económica, en la que la política fiscal tiene un papel fundamental”, enfatizó Alicia Bárcena.
De acuerdo con la CEPAL, para abordar la emergencia sanitaria es imperativo aplicar inmediatamente y de manera eficiente las medidas de contención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fortalecer los sistemas de salud y garantizar acceso universal a pruebas, medicamentos y curas.
Para abordar la emergencia social son necesarias medidas de protección de los ingresos para los grupos más vulnerables, medidas de protección del empleo, como los subsidios de desempleo e ingreso básico de emergencia, y medidas de apoyo a las pequeñas y medias empresas (PYMES) y los trabajadores por cuenta propia.
En tanto, para abordar la emergencia económica se requieren acciones de política fiscal, de política monetaria y de cooperación internacional, explica el estudio.
En materia fiscal, se deben reorganizar presupuestos para implementar paquetes de estímulo fiscal a fin fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía. En el área monetaria hay que procurar la estabilización de los tipos de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario.
Y para incentivar la cooperación internacional es necesario reconsiderar las políticas de préstamos concesionales y de graduación de los organismos internacionales. También facilitar los préstamos a bajo interés y postergar el servicio de deuda a los países en vías de desarrollo, incluidos los de renta media.
En particular, el organismo de las Naciones Unidas llama a levantar las sanciones impuestas a Cuba y a Venezuela para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y pruebas de la COVID-19 y asistencia médica. “Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, indica el documento.
A largo plazo, la región deberá repensar sus estrategias de desarrollo para prevenir la severidad de futuros choques, enfatiza el informe. En este sentido, la CEPAL propone la creación de un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los países de ingresos medios para apoyar la recuperación social, económica y productiva. Asimismo, enfatiza la importancia de contar con un apoyo flexible de las organizaciones financieras multilaterales.
Los países en desarrollo deben negociar colectivamente préstamos en condiciones favorables y servicios de la deuda y revisar las políticas de graduación para los países de ingresos medios, explica.
“La CEPAL ofrece un espacio intergubernamental para convocar a las partes interesadas de los sectores público y privado, la sociedad civil y la academia para desarrollar soluciones políticas a los impactos a largo plazo de la crisis y monitorear sus impactos”, declaró Alicia Bárcena.
El reporte también advierte que la crisis del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS).
En su análisis presenta ejercicios de simulación para 72 series estadísticas de los indicadores de los ODS. Según la Comisión, el 73% de los indicadores analizados muestra que hay problemas para lograr los ODS hacia el año 2030.
En este sentido, la CEPAL enfatiza que evaluar los impactos de las políticas utilizadas para implementar la Agenda 2030 en los países de la región es crucial. De allí que, para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances a mediano y largo plazo, el organismo ha desarrollado dos instrumentos concretos: el Portal de los ODS (SDG Gateway) y el Observatorio COVID-19, que estarán próximamente a disposición de la comunidad
