Reclamos por obras, servicios públicos y alto costo de la vida
DUARTE Y HERMANS MIRABAL, RD. –
Las jornadas de protesta convocadas por organizaciones populares en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal se desarrollaron bajo un amplio despliegue policial y militar, en medio de reclamos por deficiencias en los servicios públicos, obras paralizadas y el alto costo de la vida.
En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, las organizaciones convocaron un paro de labores por 48 horas, mientras que en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, la Coalición de Movimientos Populares mantuvo su llamado a huelga durante el mismo período, a la espera de respuestas concretas de las autoridades.
San Francisco de Macorís paraliza actividades
El representante del colectivo de grupos populares, José Mercado, afirmó que durante el primer día de huelga no hubo docencia en los centros educativos públicos ni privados de la provincia Duarte, mientras que una proporción considerable del comercio cerró sus puertas y el transporte quedó completamente suspendido.
Entre las principales demandas figuran el suministro de agua potable, la reparación y pavimentación de calles, la construcción de aceras y contenes y la terminación de obras comunitarias que permanecen inconclusas.
Mercado citó el salón comunal Mamá Tingó, cuya construcción lleva dos años paralizada, así como otros proyectos viales que no han sido terminados.
Los convocantes también reclaman la reconstrucción del mercado municipal, que permanece entre escombros y basura un año después del incendio que lo afectó.
Sobre este último problema, Mercado cuestionó que el Ayuntamiento cierre establecimientos de venta de alimentos por razones sanitarias, mientras el mercado continúa, según denunció, en condiciones de insalubridad.
Apagones y alto costo de la vida
El dirigente popular también criticó los apagones que afectan a los comerciantes, pese a las elevadas facturas eléctricas que deben pagar, una situación que perjudica especialmente a los negocios que necesitan refrigeración para conservar sus productos.
Asimismo, vinculó la paralización del transporte con el elevado precio de los combustibles y señaló que el alto costo de la vida forma parte de las preocupaciones que motivaron la convocatoria.
Los organizadores sostuvieron que el llamado fue realizado de manera pacífica y cuestionaron la magnitud del operativo policial y militar desplegado en la ciudad. A su juicio, los recursos utilizados en ese dispositivo debieron destinarse a responder a las necesidades de las comunidades.
Salcedo mantiene el llamado a huelga
En la provincia Hermanas Mirabal, la Coalición de Movimientos Populares mantuvo el paro por 48 horas, en una jornada marcada, según las denuncias de sus representantes, por disparos, lanzamiento de bombas lacrimógenas, presencia de agentes policiales y militares y calles obstaculizadas en distintas poblaciones.
Héctor Bloise, vocero de la coalición, aseguró que la convocatoria recibió un amplio respaldo de la población y estimó que alrededor del 90 % de los establecimientos comerciales apoyó la huelga.
Bloise cuestionó las actuaciones de los agentes en sectores residenciales, donde, según afirmó, fueron lanzadas bombas lacrimógenas en lugares habitados por niños, adultos mayores y personas con discapacidad, algunos de los cuales necesitaron ayuda de otros comunitarios.
“Estamos haciendo un llamado pacífico para que se nos escuche, para que pongan el ojo en la problemática”, expresó el dirigente, quien exhortó a la población a permanecer en sus hogares y pidió a los agentes actuar con prudencia.
Obras paralizadas y problemas sanitarios
Entre las reivindicaciones de las organizaciones populares de Salcedo figura la construcción del puente de La Caoba, cuyo primer picazo fue dado hace cinco años, sin que la obra haya sido concluida.
También exigen mejorar la recogida de basura, solucionar el deterioro del sistema cloacal en la parte baja de Salcedo y detener el vertido de aguas residuales al río.
A estas demandas se suma la reanudación de los trabajos de la carretera de Palmarito, paralizados desde hace más de cuatro meses debido, según los convocantes, a una deuda con los contratistas.
Las protestas en ambas provincias vuelven a poner sobre la mesa el reclamo de comunidades que exigen respuestas a problemas de infraestructura, saneamiento y servicios básicos, mientras sus representantes cuestionan que la respuesta oficial esté marcada por el despliegue de fuerzas de seguridad en lugar de soluciones a las demandas planteadas.
La persistencia de estas reclamaciones se debe a la incapacidad de las autoridades para atender los problemas comunitarios y evitar que la falta de respuestas derive en nuevas jornadas de paralizaciones.
