En medio de la presión internacional por el alza del petróleo, el Gobierno dominicano decidió subir los combustibles, aunque amortiguando el impacto con un subsidio ascendente a RD$1,702 millones.
La medida, anunciada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, busca evitar un golpe mayor al bolsillo de la ciudadanía, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados petroleros y la tensión en Oriente Medio.
Suben los combustibles, pero se mantiene el GLP
Aunque la mayoría de los derivados del petróleo registran alzas, el Gobierno optó por congelar el Gas Licuado de Petróleo (GLP), uno de los combustibles de mayor uso en los hogares y el transporte público.
La decisión evidencia un intento de proteger la economía familiar, mientras el Estado absorbe gran parte del impacto de los precios internacionales.
Sin embargo, el ajuste de RD$10.00 por galón en gasolinas y gasoil deja claro que el aumento global del crudo ya se siente en el país.
Precios suben: la realidad del mercado
Para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los combustibles quedan así:
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Gasolina Premium: RD$305.10 (sube)
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Gasolina Regular: RD$287.50 (sube)
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Gasoil Regular: RD$239.80 (sube)
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Gasoil Óptimo: RD$257.10 (sube)
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Avtur: RD$323.49 (sube)
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Kerosene: RD$366.60 (sube)
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Fueloil #6: RD$201.38 (sube)
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Fueloil 1%S: RD$215.86 (sube)
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GLP: RD$137.20 (se mantiene)
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Gas natural: RD$43.97 (se mantiene)
¿Alivio o contención?
El subsidio a los combustibles en la República Dominicana busca contener una escalada mayor en los precios internos, pero también refleja la dependencia del país del mercado energético internacional.
Mientras el Gobierno intenta equilibrar las finanzas públicas con la protección social, la realidad es que los aumentos siguen llegando, aunque de forma dosificada.
La tasa de cambio promedio semanal fue de RD$61.18, según el Banco Central de la República Dominicana, otro factor que incide en el costo final de los combustibles.
Un escenario que presiona el bolsillo
En la práctica, la combinación de subsidio y aumento deja un mensaje claro: el Estado amortigua, pero no puede evitar completamente el impacto.
Y es que, en un contexto global incierto, marcado por conflictos y tensiones geopolíticas, la factura energética termina llegando, tarde o temprano, al consumidor.
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