Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy (Santiago Hazim), señalado por el Ministerio Público como principal cabecilla de una red de corrupción enquistada en el poder, continuará guardando prisión preventiva, tras la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificar la medida de coerción por su vinculación al fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que supera los 14 mil millones de pesos.
Los jueces acogieron la solicitud del Ministerio Público y confirmaron en todas sus partes la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos y el daño causado a más de siete millones de afiliados del sistema público de salud.
Al ofrecer declaraciones tras concluir las audiencias, que se extendieron hasta la madrugada de este jueves, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, afirmó que la decisión judicial confirma la solidez de la investigación.
“Una vez más, un tribunal reconoce la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y la gravedad de los hechos que envuelven este proceso”, sostuvo Camacho.
El magistrado calificó como calamitosa y sumamente grave la afectación provocada al SeNaSa, un seguro que protege a millones de dominicanos, reiterando que la prisión preventiva es proporcional al daño causado y al impacto social del entramado corrupto.
La corte también desestimó los recursos interpuestos por otros imputados, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera, confirmando la prisión preventiva para todos los que apelaron.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz, junto a los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó además la solicitud de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Hazim Albainy, al considerar que la prisión preventiva no viola la Constitución y cumple su función cautelar de garantizar la presencia del imputado en todas las fases del proceso.
Camacho reiteró que la investigación sigue abierta y advirtió que el caso no ha terminado.
“Habrá tantas vueltas de la Operación Cobra como lo amerite el proceso. Todo el que haya participado en este entramado tendrá que responder ante los tribunales”, aseguró.
En diciembre pasado, el juez Rigoberto Sena Ferreras también impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país a otros coacusados, como parte del expediente que investiga el saqueo de fondos públicos destinados a la salud de los dominicanos.
