La reciente aprobación en el Senado de la República de un proyecto de ley que elimina las sanciones penales contra los alcaldes y funcionarios municipales que incumplan la ley que rige la ejecución del presupuesto de las alcaldías constituye una afrenta directa a la transparencia, a la ética pública y al clamor ciudadano por un uso correcto de los recursos del Estado.
En un contexto nacional marcado por escándalos, desconfianza institucional y una profunda indignación social frente a la corrupción, esta decisión legislativa envía un mensaje peligroso: la impunidad puede ser ley.
Resulta inaceptable que, justo cuando la sociedad dominicana exige mayores controles, rendición de cuentas y consecuencias reales para quienes malversan fondos públicos, el Senado opte por debilitar el marco sancionador. Eliminar la prisión, las multas y la inhabilitación para funcionarios municipales que violen la ley presupuestaria no fortalece la gestión local; por el contrario, abre la puerta al uso discrecional, opaco y abusivo del dinero del pueblo.
El país aún está consternado por casos recientes que han puesto en entredicho la administración de recursos públicos, como el de SENASA, que despertó alarma nacional y evidenció la fragilidad de los mecanismos de control. En ese escenario, pretender que la violación a la ley presupuestaria sea castigada únicamente de manera administrativa es un grave error político y moral. La experiencia demuestra que las sanciones administrativas, sin consecuencias penales reales, suelen ser insuficientes, fácilmente negociables y, en muchos casos, ineficaces.
Más preocupante aún es la intención de eliminar la facultad de la Cámara de Cuentas para someter a la justicia a los funcionarios municipales tras auditorías que evidencien violaciones a la ley. Esto no es una simple modificación técnica: es un debilitamiento deliberado del sistema de control y fiscalización, una mordaza institucional que protege a los infractores y desarma a los órganos llamados a vigilar.
La transparencia no se construye flexibilizando la ley ni otorgando mayor discrecionalidad a quienes administran fondos públicos; se construye endureciendo las penas, fortaleciendo los controles, ampliando las auditorías y garantizando consecuencias ejemplares para quienes traicionan la confianza ciudadana. Lo correcto no es eliminar la sanción penal, sino hacerla más severa, acompañada de mecanismos modernos de control, trazabilidad del gasto y participación ciudadana.
El Senado de la República tiene la responsabilidad histórica de legislar para proteger el interés general, no para blindar a funcionarios frente a la justicia. Aprobar una ley que reduce las consecuencias del incumplimiento presupuestario municipal es dar la espalda a la sociedad dominicana, que hoy clama por integridad, justicia y un Estado que castigue la corrupción, no que la normalice.
La democracia se debilita cuando la impunidad se legaliza.
Y este proyecto, tal como fue aprobado, va en la dirección equivocada.
