El Juzgado de la Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona conocerá este jueves medida coerción contra un alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia por ejecutar un embargo ejecutivo en perjuicio de la empresa Sandres Comercial.
La acción contra el Ministerial César Alexander Alcántara Valdez, alguacil Ordinario de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; le será conocida la medida de coerción con la calificación jurídica de “robo”, por ejecutar el embargo ejecutivo a requerimiento de una empresa supuestamente vinculada a Miguel Arturo López Florencio (Micky López) y su esposa, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, por una deuda de US$ 750,000 por concepto de un préstamo que el empresario local tiene con estos.
El día 6 del pasado agosto -del presente año 2025- Alcántara Valdez supuestamente ejecutó un embargo verbal ejecutivo a la razón social: SANDRES COMERCIAL, SRL, ubicada en la Calle Prof. Luis Díaz No. 05, sector los Maestros, de este municipio Barahona, quedando captado en las cámaras de seguridad del establecimiento, desde donde, alegadamente sustrajo efectos que no puso en el acto de embargo ejecutivo, No. 758/2025.
El propietario del establecimiento alega que los efectos no declarados y embargados, se hizo de forma ilícita y fraudulenta, tienen un valor que asciende a la suma de RD$12, 494, 824.12.
Acusan al ministerial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con asiento en la ciudad de Santo Domingo, quien junto a sus acompañantes, quien valiéndose de una supuestas “maniobras dolosas”, embargó casi el 90 % de la mercancía del establecimiento, causado un daño irreparable, cuya estimación no puede hacerse por el momento.
Según consta en una declaración, el daño causado afecta las operaciones normales de la citada empresa local: compromisos de pagos de préstamos, de nómina, de impuestos, así como otros gastos operaciones de la empresa.
Alegan que el imputado -ministerial- con el objetivo cubrir sus faltas, desconectó en su acto las cámaras de seguridad con la finalidad de tratar de que sus actuaciones no queden registradas lo cual confirman los testigos: Diana Iris Mercedes Peña y Junio Emilio Pérez Cuevas.
De igual modo, ha sido solicitada orden de arresto contra el también alguacil Yerry de los Santos Lázaro, residente en el sector La Esperilla, Distrito Nacional, quien está, supuestamente involucrado en el citado caso de embargo ejecutivo efectuado contra la empresa Sandres Comercial y quien se encuentra prófugo.
