Ha sido arrestada este miércoles la exdiputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, por disposición del Juez de la Ejecución de la Pena de La Vega, tras el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), remitir el expediente de la sentencia que ordena su envió a la cárcel de Rafey de la ciudad de Santiago.
El arresto lo hizo la Procuraduría General de la República (PGR), luego de solicitar al tribunal la ejecución de la sentencia que la condena a 5 años de prisión, por lavado de activos y financiamiento del Terrorismo, procedentes del narcotráfico.
El pasado lunes, la exlegisladora por el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), solicitó al Tribunal Constitucional (TC), suspenderle la ejecución de la sentencia, hasta tanto se conozca un recurso de revisión constitucional.
El pleno de la SCJ, el 29 de agosto, ratificó la sentencia condenatoria a Rosa Pilarte, a 5 años de reclusión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
La sentencia destaca que la defensa no pudo refutar las pruebas que demostraron que Pilarte movilizó más de RD$4,400 millones en sus cuentas entre 2003 y 2021, pese haber declarado ingresos por apenas RD$16 millones durante ese mismo período.
El tribunal consideró insostenible la discrepancia entre sus ingresos declarados y los movimientos millonarios, además, el Pleno de la Suprema determinó que Pilarte actuó con pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos.
La acusada transfirió múltiples inmuebles a una empresa fachada, Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., siguiendo un patrón de colocación, estratificación e integración típico de las operaciones de lavado de activos.
La Suprema confirmó que la condena se fundamenta en pruebas suficientes e indicios razonables presentados durante el juicio. La sentencia incluye el pago de las costas procesales y será notificada a las partes y al Tribunal de Ejecución de la Pena de La Vega para su cumplimiento.
Se recuerda que la Segunda Sala Penal de la Suprema, condenó además a la exlegisladora al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público y que la pena impuesta fuera cumplida en el centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
Además, ese tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno de 728.11 metros cuadrados, entre otros bienes.
