La Junta Central Electoral (JCE) saluda la condena de 6 y 3 años de prisión, respectivamente, impuesta a cuatro miembros de una red que se dedicaba a falsificar documentos públicos y privados, que incluían cédulas de identidad en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona.
La red, descubierta tras una investigación que inició en enero de 2024, el Ministerio Público, adscrito a la Junta Central Electoral para investigar los delitos contra la identidad, en coordinación con la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM), de la Policía Nacional, a raíz del arresto de varios extranjeros que tenían en su poder documentos falsos obtenidos mediante el pago de sumas de dinero.
La decisión fue pronunciada por la jueza Fátima Cruz Estrella, del Departamento Judicial de Barahona, tras acoger un Procedimiento Penal Abreviado solicitado por el Ministerio Público, con el objetivo de celerar el proceso.
El Ministerio Público representado por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, y la Consultoría Jurídica de la JCE establecieron que el grupo delictivo se dedicaba a la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación pública y privada en asociación de malhechores y, además, de lavado de activos.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados cada uno a 6 años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
En tanto Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión que debe cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.
También, fue condenado el empleado de la Junta Central Electoral Andys Hernández Rivera a tres años que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa de 20 salarios mínimos.
Se dispuso como condiciones de la suspensión de la pena aplicable a todos los condenados las siguientes: residir en el domicilio procesal aportado en este proceso, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, abstenerse del porte o tenencia de armas, mantener una conducta social íntegra y en cumplimiento de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico dominicano y someterse al control y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
Los condenados se dedicaban a falsificar documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimientos, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnets de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos de Educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).
Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otras naciones de la región, otorgándoles a los nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas por montos que oscilaban entre RD$70 mil y RD$100 mil.
Los hechos son sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 172-13, sobre Protección Integral de Datos, la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 4-23, de Actos del Estado Civil.
La Junta Central Electoral y el Ministerio Público se mantienen trabajando conjuntamente en la detección y procesamiento de los casos de falsificaciones, suplantaciones de identidad y cualquier otro delito que se cometa en contra del registro civil de los ciudadanos.
