Faride Raful, ministra de Interior y Policía, afirmó que es a la Dirección General de Migración (DGM), a quien corresponde a abordar a personas extranjeras en condición migratoria irregular, desautorizando esta forma la actuación del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, quien salió a «cazar» a nacionales haitianos en su localidad.
Riverón fue visto en un audiovisual deteniendo niños y niñas de nacionalidad haitiana en condición de calle, a quienes tomó de la camiseta para repatriarlos, También, da un plazo para que inmigrantes del vecino país abandonen viviendas alquiladas en su localidad.
“La Dirección General de Migración es la entidad encargada y facultada para hacer los abordajes de inmigrantes en el territorio nacional”, dijo Raful. “Hay que dejar claro que eso es una actuación que solo compete a Migración”, reiteró.
Sostuvo que la DGM, dependencia de Interior y Policía, está en comunicación con el alcalde del municipio fronterizo, tras manifestar que realizan labores de control migratorio con un nivel de eficiencia comprobado.
Según Raful, 18,034 haitianos resultaron reconducidos a su país de origen este mayo, a través de operativos en los que «se respetan los derechos humanos de todos los ciudadanos».
Así lo mostró en rueda de prensa desarrollada en el Palacio de la Policía Nacional al mediodía del lunes, luego de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader.
Hoy las 4:00 de la tarde, vencía el plazo de cinco días otorgado por Riverón, a partir de lo cual se espera un despliegue de búsqueda y captura de extranjeros en la zona.
Medios locales informan de que varios grupos de movimientos nacionalistas llegaron a Dajabón para brindar apoyo a Riverón por las medidas asumidas.
La actuación del alcalde Riverón encontró el rechazo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), entidad que a través de un comunicado afirma que el alcalde “violentó los protocolos establecidos para el abordaje de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o movilidad”.
Asimismo, habría incurrido en faltas con las disposiciones de la Ley 136-03 de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, “específicamente en lo relativo al derecho a la integridad personal y al traslado o retención ilegal de las personas menores de edad”.
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