Académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), coinciden en señalar sobre el derecho que tiene la República Dominicana a aplicar sus políticas migratorias, pero esta debe estar sujeta al respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas inmigrantes.
El tema es parte de la conversación de un panel organizado por la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la, sobre si “Corre riesgo o peligra la soberanía de la República Dominicana con los problemas existentes en Haití”.
El debate lo presidió el presidente de la Asociación de Profesores de la citada Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), John Garrido, junto a los expertos: David La Hoz y Juan de Dios Deschamps.
Cada panelista expuso su tesis o visión apoyada desde una perspectivas jurídicas, social, política y de seguridad, la cual se desarrolló en el aula de estudios del Instituto de Criminología, a la cual asistieron docentes, estudiantes de las escuelas de Ciencias Políticas y de Derecho.
Refirió que las recientes medidas aplicadas por instancias gubernamentales dominicanas contra migrantes indocumentados del país vecino se corresponden con la posición que adopta un Estado en su ámbito soberano.
Explicó que la República Dominicana “se supone es una entidad de derecho internacional que tiene control sobre su territorio, y esas medidas sanitarias contra migrantes haitianos tomadas por el gobierno son propias de todo Estado – nación y no hay nada de particular en ellas”.
Se preguntó ¿por qué se esperó tanto tiempo para ejercer la soberanía que se tiene del territorio sobre los extranjeros que están aquí?, «pero son medidas propias del Estado – nación que es República Dominicana».
El politólogo, aclaró, sin embargo, que la soberanía nacional no corre peligro con la presencia de ciudadanos haitianos indocumentados en el país, “porque lo que hay es una especie de dejadez del gobierno, referente a tomar control sobre su territorio para ejercer su soberanía”.
Afirmó que la actual Ley General de Migración no necesita modificarse porque -entiende- el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el particular, porque ese órgano es el que tiene la última palabra en todo lo que concierne a la administración del Estado dominicano, “y por ahora lo que toca es acatar las decisiones del TC”.
Mientras que John Garrido, presidente de la Asociación de Profesores de la FCJP, lo definió “un evento donde se ha querido reflejar cuál es el impacto de la migración haitiana y cuáles son las consecuencias jurídicas que envuelven la reacción del gobierno, del Estado Dominicano y de la sociedad civil”.
Explicó que cada participante externó su parecer con mucho peso académico sobre la migración haitiana en el país, para luego añadir “personalmente que República Dominicana tiene sus reglas jurídicas, y que las entidades locales e internacionales que han reaccionado frente a las deportaciones “tiene que acatar las reglas de ese ordenamiento jurídico”.
Reconoció que en ocasiones las autoridades dominicanas violentan el debido proceso al deportar hacia su país a migrantes haitianos, pero cuando se exigen que ellos cumplan con las leyes migratorias del país, “es porque estamos reclamando que cumplan con el orden jurídico dominicano, aunque debemos cumplir con los pactos y tratados internacionales sobre derechos civiles, como el de la Comisión Internacional de Derechos Humanos”, indicó.
Explicó que el país sí tiene derecho a deportar y repatriar a ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, “pero cumpliendo con el debido proceso”.
En el caso de mujeres que dan a luz en centros de salud, muchas de ellas arrestadas y deportadas en condiciones inadecuadas, dijo “eso es inhumano y hay que revisar ese procedimiento aplicado por las autoridades migratorias dominicanas”.
Juan de Dios Deschamps, expuso que existen evidencias que ponen en peligro la soberanía nacional, porque organizaciones internacionales acusan a los dominicanos de xenófobos, «un sentimiento de odio, pero se olvidan que nuestro país tiene un ordenamiento jurídico y tiene autodeterminación en su territorio».
Destacó que la República Dominicana es un Estado que tiene leyes, lo cual encierra un concepto que se llama autoridad, y cuando esa autoridad no toma medidas a tiempo frente a la presión que ejercen la migración masiva desde Haití, especialmente en el sector salud con las parturientas en los hospitales del país, “ahí hay una lesión efectiva a lo que es el fin propio del Estado dominicano de cuidar a sus nacionales”.
Se mostró en desacuerdo con la argumentación de Garrido, en el sentido de que no se niegan en su totalidad, “pero hay que tomarlo con mucho cuidado porque no podemos lesionar los intereses nacionales, y la población Dominicana hay tenerla en primer lugar frente a cualquier migrante de otro país».
Expresó que el Estado tiene que asumir la autoridad de cumplir la ley “para realizar un elemento que se llama bien común y ese bien común tiene que estar orientado a los dominicanos amamos más a los dominicanos”.
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