La Junta Central Electoral (JCE), saluda el arresto y, posterior sometimiento, de 6 personas, incluyendo empleados de la institución, integrantes de una red dedicaba a falsificar y suplantar documentos, para beneficiar a nacionales haitianos en Baní, provincia Peravia.
Por el hecho son perseguidos dos personas más, contra quienes fueron emitidas órdenes de arresto.
La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de Peravia, magistrada Loida Amador, decló el caso complejo e impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar, garantía económica y presentación periódica por ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y a Sujeyri Mercedes Sánchez.
Conforme al Ministerio Público, los imputados fueron apresados luego de que las autoridades realizaran varios allanamientos en Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní, común cabecera .
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la estructura criminal estaba compuesta por terceros y empleados de la Oficialía de Estado Civil de Nizao, quienes actuaron bajo la Dirección De la Oficial del Estado Civil María Del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga de la justicia e igual que la imputada Dominga Valdez, pesando contra ambas órdenes de arrestos.
El «modus operandi» de la red se desarrollada a partir de una supuesta fundación identificada como ANEADEF, a cargo de Dominga Valdéz, que según la descripción se dedicaba a la educación especial a personas con necesidades especiales asociadas a discapacidad educativa o física.
Conforme a las indagatorias, en el lugar se ofrecía una supuesta orientación y asistencia a personas que no portaran documentos de identidad, pero en la realidad se dedicaban a comercializar las identidades falseadas, a partir de suplantaciones de documentos de dominicanos.
La investigación la lleva a cabo la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la Junta Central Electoral, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la Junta Central Electoral, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su Departamento de Falsificaciones, con apoyo de la Consultoría Jurídica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de Inspectoría y la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral.
El grupo está acusado de violar los artículos 265, 266, 145, 146,147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos, así como los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, además, de los artículos 13 y 14.4, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y artículos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La JCE reitera su posición de enfrentar de manera fehaciente todas las violaciones al Registro Civil Dominicano, así como a la identidad de la ciudadanía.
