El Presidente Luis Abinader mediante los Decretos 636-24, 637-24 y 640-24, eliminó tres entidades públicas, con el objetivo de evitar las duplicidades, así como optimizar el uso de recursos estatales en diferentes sectores.
Según prensa oficial, además, esta acción forma parte del esfuerzo continuo de la administración Abinader por racionalizar y modernizar la Administración pública.
Con el Decreto 636-24: se suprimió la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de esa área, funciones que a partir de ahora asumirá el Ministerio de Educación, sobre todo, concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
Mediante el Decreto 637-24, se suprime la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana. También se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
De igual modo, con el Decreto 640-24 la administración Abinader suprime el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de las entidades eliminadas, cuyos fondos transferirá los necesarios a las áreas correspondientes para garantizar la continuidad de sus funciones.
Mientras la Dirección General de Presupuesto manejará las partidas presupuestarias no ejecutadas y el Ministerio de Administración Pública colaborará en el proceso de reubicación, cesación e indemnización del personal de las tres instituciones.
Además, esos tres decretos derogan disposiciones anteriores vinculadas a la existencia de Conapofa, Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, consolidando sus respectivas funciones bajo la estructura de las áreas a las cuales se transfieren sus acciones, en correspodencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y las políticas de eficiencia del gasto público.
Además, el comunicado oficial señala que estos decretos representan un paso significativo hacia la consolidación y modernización de la Administración pública dominicana, asegurando una estructura estatal más eficaz y alineada con las necesidades del país.
