Organizaciones sociales y fuerzas políticas llamaron al presidente Luis Abinader a asumir con firmeza realizar la reforma fiscal que el país necesita, pero utilizando los canales que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como el Pacto Fiscal: escuchando a todos los sectores e impulsar una propuesta que garantiza justicia fiscal.
Las decenas de entidades de la sociedad civil saludaron la acción adoptada por el mandatario, pero enfatizaron en que es fundamental que la propuesta incluya el dialogo efectivo que incluya a los sectores populares y que garantice una estructura fiscal más justa y progresiva que asegure derechos, disminuya las desigualdades y sea sostenible con el medio ambiente, además, promover la reducción de las exenciones fiscales que no aportan al desarrollo social.
Adelantan que se encuentran en el proceso de elaboración de una propuesta de reforma con sentido social y técnicamente sólida, que incorpore de manera formal al debate, un proyecto que garantice justicia fiscal para pueblo dominicano, derogando disposiciones que privilegian sectores y perpetúan mecanismos para de evasión y elusión fiscal; así como también que reduzca la creciente deuda pública.
“Estamos conscientes de la necesidad que tiene el Estado Dominicano de recaudar más y mejor, creemos que para lograr este propósito es necesario un Pacto Fiscal en el que se genere la confianza entre todos los sectores para contribuir al consenso que garantizará una aplicación exitosa”.
Destacaron la necesidad de que el Gobierno dominicano, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, asuman los ajustes y la racionalización de gastos superfluos como el barrilito y el cofrecito, al igual que otros de índole clientelar, que deben ser erradicados antes de plantear cualquier mecanismo que sume más carga en la ciudadanía y los sectores productivos.
“Apostamos a un Pacto Fiscal consensuado con propósitos de nación de largo plazo y no de un periodo de gobierno, que posibilite un cambio de cultura clientelar y la disminución de las desigualdades que ha generado el actual sistema económico; garantizando así una mejora de la calidad del gasto público, de los empleos públicos, la reducción progresiva de las exenciones fiscales, la evasión y elución fiscal”, agregaron.
Institucionalidad
Los sectores sociales exigen el cumplimiento de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y llaman a sumar una amplia representación de los sectores populares al dialogo, destacando la importancia de que el Estado adopte una actitud imparcial impidiendo que los sectores económicos boicoteen los debates en que no logren mantener sus privilegios.
“No queremos que ahora se abandone la idea de una reforma necesaria, sino que el énfasis esté orientado hacia un pacto que implique a todos los sectores y que se adopte desde el espacio de debate institucional, un cambio en la lógica regresiva, garantizando que la justicia fiscal se traduzca en justicia social” observan.
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