La Fiscalía de Santiago depositó por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la instancia de solicitud de medida de coerción contra un cabo de la Armada de la República Dominicana (ARD), a quien imputa el asesinato de un médico de perinatología de aquí.
Víctor Manuel Saldaña Hernández (Julio), se enfrenta a cargos por violación a los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por planificar y ejecutar el asesinato del médico Enrique Antonio Espinal Castillo.
Espinal Castillo, era médico especialista de perinatología con quien se reunió en su casa del barrio Los Guandules, ubicada en el distrito municipal Hato del Yaque, donde supuestamente le quitó la vida al propinarle golpes contusos en el cráneo y rostro.
Al poner en marcha la acción pública, a partir de la denuncia interpuesta por familiares de la víctima tras su desaparición, el Departamento de Violencias Físicas (Homicidios) de la Fiscalía de Santiago, inició las indagaciones recolectando evidencias materiales, documentales y periciales que desvelaron el nombre de Saldaña Hernández como responsable del crimen.
El cuerpo de Espinal Castillo fue encontrado el pasado lunes 5 agosto, en unos terrenos baldíos de La Costa de Rafelito en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, provincia ubicada al Sur de la República Dominicana donde el victimario, oriundo de esa demarcación, lo trasladó y dejó abandonado luego de llevarlo en el baúl de la jeepeta Hyundai, modelo Tucson, color blanco, propiedad de la víctima, desde el distrito municipal Hato del Yaque.
La Fiscalía de Santiago tiene y ha puesto a disposición del tribunal, múltiples evidencias de irrefutable probación contra el victimario, incluyendo entre estas imágenes del recorrido que hizo el imputado desde Santiago hasta San Cristóbal, a bordo del vehículo, para desaparecer el cuerpo de la víctima.
El imputado permanece en prisión, luego de la jueza Yeritza Cabral de la Cruz, atendiendo a una solicitud de la Fiscalía, le ordenó pagar una garantía económica de $ 500,000 pesos, como medida de coerción, por el porte de un arma de fuego ilegal, encontrada al imputado durante su arresto, cuando era requerido por el Ministerio Público para fines de investigación.
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