Desde «aberración, el mayor desacierto en la historia legislativa de República Dominicana, atentado a la libertad de expresión, de prensa y violadora fundamentalmente de la intimidad de las personas, del honor, al buen nombre y la propia imagen, cataloga la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la recién promulgada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La FJT, que la recién aprobada Ley 1-24 por el presidente Luis Abinader no solo es una «ley dictadura”, sino que todo ello es en desconocimiento a la Constitución y tratados internacionales, en materia de Derechos Humanos.
Señala que la “ley dictadura” podría ser usada, para un férreo control político, digital, social y mediático de los contrarios al régimen de turno.
Cándido de Jesús, Director Ejecutivo de la entidad, dijo que la referida ley, que busca en principio, establecer un sistema nacional de inteligencia, constituiría un verdadero despropósito, con la posibilidad de usase para un férreo control político, digital, social y mediático de los contrarios al régimen de turno, todo ello inaceptable en una democracia, como aspiramos tener y preservar en el país.
De acuerdo con la entidad cívica, esta ley serviría para blindar a los políticos, gobiernos y funcionarios públicos, de los cuestionamientos que en democracia le corresponden a los ciudadanos y a la prensa formular, «una ley que indefectiblemente pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y de quienes en un ejercicio cívico y democrático generan opinión pública crítica».
De Jesús, aseguró que se trata de una ley, que vendría a remembrar épocas pasadas, ya superadas, propias de regímenes dictatoriales, con muchas ambigüedades e incongruencias, discrecionalidad de una amplia capacidad reglamentaria, descontextualización y limitación de derechos fundamentales.
Además, afira que desconoce las directrices y reglas del derecho público y la Constitución, violando también la ley de función pública, la ley de acceso a la información pública, la ley de compras, la general de salario, de arma de fuego, «en fin una verdadera perturbación a la institucionalidad democrática».
En ese sentido, la FJT pide al presidente Abinader, derogarla y no permitir que en sus manos muera la democracia en el país, sobre todo, eliminar ese ruido que resulta en una «perturbación innecesaria».
Señala que de no hacer lo contrario, como Fundación, acudirá a todas las instancias posibles, en principio el Tribunal Constitucional; y de ser necesarios a los organismos internacionales pertinentes, con el objetivo de combatir y desterrar, este atentado a la democracia.
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