El magistrado Rigoberto Sena, juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves medidas de coerción a implicados en Operación Nido, acusados de estafa inmobiliaria.
Aunque la audiencia se pautó para las 7:00 de la noche, el juez entró al tribunal con un retraso de más de tres horas, pasadas las 10:30 de la noche.
La decisión del magistrado en contra del principal implicado de la supuesta red Emmanuel Rivera Ledesma, fue dictada prisión preventiva por un periodo de 18 meses en Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, que se presentaba como «ingeniero» ante los supuestos estafados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.
A Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, se les dictó igual prisión preventivo (18 meses), en el caso de la dama en Najayo-Mujeres, mientras que para Rosario López en Najayo-Hombres.
En tanto que a María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Rivera, le impusieron como medida cautelar arresto domiciliario, grillete electrónico y garantía económica de tres millones de pesos.
En cambio, al testigo del Ministerio Público, Reilin Arismendy Rosario García, arresto domiciliario, presentación periódica y grillete electrónico, mientras que para la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, garantía económica de 5 millones de pesos, a pagar mediante una compañía aseguradora, grillete electrónico e impedimento de salir del país, así como arresto domiciliario.
Protestan con encendido de velas
Horas antes de que se emitiera la decisión del juez, decenas de afectados por la presunta red se agruparon en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con pancartas y velas, pidiendo la prisión preventiva como medida cautelar para los acusados.
Entre las consignas proclamadas a viva voz estaba “¿Y el dinero donde esta? En el Banco Popular”, así como “¿Y a Emmanuel lo queremos? Preso”, entre otras.
Decenas de personas se presentaron este jueves en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se lleva a cabo la audiencia de solicitud de medida de coerción a los acusados en la Operación Nido, siendo el principal imputado Emmanuel Rivera.
Decenas de personas se presentaron este jueves en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La acusación
Esta supuesta red está acusada de vender varias veces un mismo inmueble, además de no poseer derecho de propiedad de las infraestructuras en que se construían.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, los implicados en el caso no tenían ni siquiera permiso de construcción y en algunos casos ni la propiedad del terreno.
Pese a esto, habrían vendido a distintas personas las mismas unidades de apartamento e incluso comercializaron decenas de proyectos y unidades inexistentes.
Entre los estafados detallados por el MP, se identificaron personas residentes en el país, así como dominicanos radicados en el exterior, descritos por el órgano acusador como “blanco objetivo” de los acusados, debido a que no podían verificar el avance de los proyectos ofertados en vallas publicitarias y vídeos.
Las víctimas de este proceso depositaron en cuentas de banco altas cifras para supuestamente adquirir una vivienda, algunos de estos hasta seis millones de pesos.
La fiscal del Ministerio Público, Sourelly Jáquez, valoró la decisión del tribunal como “justa”, tras este aceptar gran parte de lo solicitado por el órgano persecutor.
“El juez dijo que la medida de coerción es una medida bastante sería, con pruebas suficientes, no solamente documentales, sino también periciales”, aseveró Jáquez.
Resaltó además, que aquellos que no guardarán prisión preventiva como medida coercitiva, se les impusieron otras sanciones contempladas en el código, debido a que su condición “fue menor”.
Jáquez adelantó que el Ministerio Público se encuentra en proceso de interrogatorio de otros cinco vendedores inmobiliarios, de los proyectos promocionados por Rivera Ledesma.
De igual forma, informaron que ese órgano ha iniciado a recuperar bienes inmuebles pertenecientes a la red, los cuales pasarán a la custodia del Ministerio Público.
