El Juzgado de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Puerto Plata, impuso la medida coerción menos gravosa de las que establece el Código Procesal Penal en favor del pelotero Wander Franco, imputado de violación sexual contra una menor de edad.
La decisión del Juzgado, conforme a una nota de prensa, fue por el pedimento que hizo el Ministerio Público de Puerto Plata, contra el peletoro Franco y la madre de la adolescente, a quienes se les imputa explotación sexual comercial de la menor de edad y lavado de activos.
En ese sentido, el juez Romaldi Marcelino Henríquez, impuso a Franco, como medida de coerción, el pago de 2 millones de pesos en efectivo, así como presentación periódica, mientras que para la madre de la menor, cuyo nombre se omite para cuidar los derechos de la adolescente, se impuso arresto domiciliario y no salir del país.
El Ministerio Público, repreentado en la audiencia por los fiscales Ana Mariela Hernández y Marcos Wilkin’s Díaz, imputa provisional a Franco violar las disposiciones contenidas en los artículos 396 Literal C, 25, 409 y 410, el Principio V, de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección de los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes, artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
A la madre de la menor, órgano persecutor, el organo persecutor imputa violar los artículos 25, 409 y 410 y V de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, además, de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La investigación, que aún está en curso, que encabeza la Fiscalía de aquí, representada por su titular Kelmi Duncan; con apoyo de la irectora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, Olga Diná Llaverías,; Luisa Marmolejos, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales; Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los miembros del órgano persecutor Michael Núñez, Dilsia Taveras, Luis Martínez y Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la División Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (DEIDET) y el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, la Policía Nacional, a través del DINTEL.
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