La magistrada Gisselle Méndez, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, acogió la solicitud de Ministerio Público y rechazó la solicitud de variar la medida de coerción que presentó la defensa del general Julio de los Santos Viola, así como la solicitud oara revisar la medida de coerción que realizó la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, quienes son acusados por el órgano de persecución en el caso Coral/Coral5G.
El pasado mayo, los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron la prisión preventiva que pesaba en contra del general De los Santos Viola, por medidas menos gravosas como son el arresto domiciliario, impedimento de salida del país y uso de un localizador electrónico.
El Ministerio Público solicitó la variación del arresto domiciliario de De los Santos Viola a Prisión Preventiva por no cumplir con su arresto domiciliario al salir de su domicilio sin autorización judicial.
El órgano acusador entregó al tribunal las evidencia que dan fe de que el citado imputado abandonó el lugar designado para cumplir su arresto domiciliario. El Ministerio Público se mantiene vigilante para que los imputados cumplan con las medidas de coerción que les son impuestas por los tribunales.
Para mantener el arresto domiciliario la magistrada Méndez afirmó que en torno a De los Santos Viola aún persiste el peligro de fuga.
Durante la audiencia celebrada este jueves, el órgano acusador pidió al tribunal el rechazo del pedimento de variación de medida que hiciera la defensa del acusado, por el hecho del imputado haber violado la prisión domiciliaria y no presentar presupuestos nuevos.
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de revisión de medida de coerción interpuesta por la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, a quien el Ministerio Público acusa en el expediente judicial Coral/Coral5G.
En su intervención, Camacho pidió fuera rechazada la solicitud de variación de medida hecha por la defensa de Cáceres, “ya que no ha sido presentado ningún nuevo documento, ni han variado las condiciones que llevaron a esta decisión del Sexto Juzgado de Instrucción”.
El órgano persecutor estuvo representado por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, Miguel Collado, Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
En el entramado de corrupción fue desmantelado durante las operaciones Coral y Coral 5G, dirigidas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En el expediente son acusados Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
De los Santos Viola, junto a José Manuel Rosario Pirón también fueron enviados a juicio Alejandro Montero, Boanerges Reyes, Carlos Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez, Julio de los Santos Viola, Kelman Santana, Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los Santos, Pedro Castillo Nolasco, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón, Rossy Guzmán, Santiago Suárez, Tanner Flete Guzmán, Yehudy Guzmán Alcántara y Raymel Del Rosario Viola.
También, las personas jurídicas Randa Internacional Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, S.O.S Carretera, S.S.A Corporation, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF, Distribuidora TAFL, Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Meijo Comercial, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV Agroindustrial, Optumus E.I.R.L. y RyF Agroindustrial.
Mientras que quedaron pendiente la audiencia preliminar para S.O.S Carretera S.R.L., S.S.A Corporation S.R.L, Meijo Comercial, E.I.R.L y Optumus E.I.R.L.
En el proceso los acusados recibieron distintas medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva por 18 meses, luego de que el Ministerio Público demostrara su vinculación con los hechos de corrupción, logrando además que el caso fuera declarado de tramitación compleja.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas que son acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Los involucrados en el entramado de corrupción operaron en perjuicio del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los cargos por los que son procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos entre otros hechos delictivos.
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