La magistrada Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce hoy la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar.
Para las 9:00 A.M. está pautada la audiencia donde determinará si varía o no la medida de coerción dictada en contra de los imputados, por la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero.
El tribunal tiene su cargo el control de las investigaciones que llevan a cabo los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, por la sustracción de más de 17 mil millones de pesos al Estado.
Previo a la revisión obligatoria, los exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, los dos únicos que guardan prisión preventiva por el caso, intentaron obtener su libertad ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante un recurso de apelación que le fue rechazado.
En el caso también figura como acusado el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, a quien el tribunal le impuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Igualmente, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el abogado Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Claudio Silver Peña, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ana Linda Fernández Paola, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Encarnación y Marcial Reyes.
Además, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.
De los imputados, 20 admitieron su participación en la estructura de corrupción, que, según el Ministerio Público, sustrajo más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266 y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
