La audiencia para conocer la medida de coerción a los imputados en el caso de «Operación Calamar», la cual inició a las 9:00 de la mañana, sufrió un segundo aplazamiento y se pautó para el próximo miércoles a la misma hora.
El pasado martes se aplazó para que la defensa técnica de los imputados preparen su medio de defensa, en cuyo caso figuran como imputados Gonzalo Castillo, exministros de Obras Públicas, Hacienda Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, respectivamente.
También, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Además, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
¿Qué calificación el MP al caso?
El Ministerio Público imputa a los encartados conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal, también, violación a las leyes 448-06 y 311-14, así como la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
¿Por qué se aplazó otra vez?
La jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó la decisión luego de que al tribunal acudieran abogados, quienes representan a nuevos querellantes del caso que menciona a Gustavo Montalvo, Simón Lizardo, Donald Guerrero, Angel Lockward y José Ramón Peralta en el expediente de la operación Calamar.
Durante la audiencia se discutió si serían admitidas o no las evidencias, según informó el abogado Carlos Mesa, que representa a uno de los querellantes, y quien manifestó que en el caso de su cliente fue admitida la querella, que fue depositada en el 2021 ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).