La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana, la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los detenidos mediante la Operación Calamar.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción de esta circunscripción, tomó la decisión atendiendo una solicitud de la barra de la defensa, quienes alegaron no conocer el expediente.
En la audiencia de este martes la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, destacó los estándares de calidad de la investigación realizada por el Ministerio Público en este proceso.
“Este es un proceso en el que el Ministerio Público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares de investigaciones para red de criminalidad organizada, porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región”, precisó Reynoso, quien señaló que para lograr la solidez con la que cuenta este expediente, el órgano de justicia trabajó sin descanso.
“En ese sentido, el Ministerio Público, sin descansar, trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas, de lunes a lunes, ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medida de coerción, más que sustentado, más que acreditado, con pruebas que pudieran ser calificadas de sobreabundante para esta etapa del proceso en la que nos encontramos”, indicó la procuradora adjunta.
Reynoso, quien habló a la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se mostró segura de que el Ministerio Público logrará la imposición de los 18 meses de prisión que ha solicitado como medida de coerción para los imputados, así como también la declaratoria de complejidad del proceso.
“No hay forma de que no sea declarado complejo, este proceso, esta red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país, hasta el momento es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público”, explicó la directora de Persecución.
Reynoso, quien señaló que la investigación de este proceso continúa abierta, pidió a la sociedad conocer las imputaciones para que puedan evaluar la solidez del expediente depositado en contra de este entramado por parte del Ministerio Público.
“Lo que nosotros si le podemos decir, que es una investigación compleja. Es una imputación que es importante que las personas antes de evaluarla se tomen, por lo menos, la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso imputados en este caso”.
En la audiencia de este martes, Reynoso estuvo acompañada del procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; por la Coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, por los fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena.
El expediente acusatorio del Ministerio posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
