El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este jueves la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, mandato del artículo 194 de la Constitución de la República, pendiente desde 2010.
Más temprano, en la mañana, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que posiblemente esta misma tarde revisarían la Ley de Ordenamiento Territorial, porque escuchó «rumores» de que la ley es diferente al proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo y, por tanto, cuando inicien a estudiarla “compararán” con la pieza original que envió con la que aprobó la Cámara Alta.
Esta normativa regula el uso de suelo y crea las herramientas jurídico-administrativas para la formulación de planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y municipal, los cuales deberán ir cónsonos con intereses medioambientales, culturales y de desarrollo sostenible.
Dentro de las novedades de la ley se destaca la clasificación del suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, ubicando dentro de este último los vinculados a actividades agropecuarias o forestales, protegidos medioambiental o culturalmente, o cuando haya sido objeto de una concesión minera.
A fines de armonizar los distintos planes de ordenamiento territorial, la Ley crea un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial integrado por órganos, bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en su calidad de órgano rector del ordenamiento del territorio que le confiere la recién promulgada ley.
En lo que respecta a los asentamientos humanos, la norma dispone que, en lo adelante, estos solo se podrán realizar en terrenos titulados, donde las normas municipales del uso del suelo lo permitan.
La Ley también prevé un régimen sancionador a cargo de los gobiernos municipales, que, entre otros aspectos, castiga administrativamente el incumplimiento del deber de conservación de terrenos clasificados como no urbanizables.
Esta Ley, que entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, viene a robustecer las herramientas de planificación de políticas públicas, así como contribuirá al sostenimiento de un crecimiento económico armónico con el medio ambiente y los recursos naturales.
