La Asamblea Ciudadana por la Justicia Climática de América Latina y el Caribe, alertó sobre la posibilidad de que la Semana del Clima sea una nueva ronda de negocios donde gobiernos, multinacionales y las élites económicas de la región se reúnan exclusivamente para profundizar las políticas neoliberales y extractivistas que lleva al planeta al colapso climático.
Consideran que no es posible frenar o salir de la crisis climática si se insiste en promover tratados de libre comercio basados en el mantenimiento de políticas extractivas de minerales y agroindustria, producción insustentable, sobre-consumo y generación creciente de basura, que cada vez impactan con mayor fuerza y con mayor injusticia en nuestros territorios.
“Llamamos la atención que sea cual sea la tecnología, la energía no es limpia ni sustentable si es para alimentar el extractivismo, la vulneración de derechos de las comunidades y la destrucción de la naturaleza”, explican.
Estas afirmaciones se ofrecieron en rueda de prensa en la que María Andrade, Heriberta Fernández, José Luis Remigio, Eduardo Giesen, Maritza Ruiz y Darío Solano fungieron como voceros, efectuada en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), de la UASD.
Expresaron su rechazo a que los gobiernos de República Dominicana, internacionalmente tratan de mostrar ser amigables con el ambiente y a nivel nacional siguen expandiendo la megaminería que pone en peligro las fuentes hídricas, los bosques, la agricultura campesina y los derechos territoriales, a la vez que expande el turismo no sostenible que amenaza áreas protegidas, aprovechando la debilidad institucional del país.
“Reiteramos que para enfrentar el cambio climático se requieren transformaciones radicales y urgentes, fuera de los mercados y emancipadas del extractivismo, con una mirada territorial y de comunidad, que partan de otros modelos de sociedades, basadas en la soberanía energética, alimentaria, económica, territorial, en las prácticas, culturas y economías locales, en condiciones de trabajo y vida dignas, así como en el intercambio solidario entre pueblos y comunidades, que respeten los derechos de la naturaleza, y nos permitan vivir en armonía con ella”, apuntan.
Demandaron el reconocimiento y resarcimiento de la deuda histórica, social y ecológica que tienen los países industrializados del Norte con los pueblos del Sur quienes no han sido responsables del cambio climático. Esta deuda se debe a la contaminación atmosférica y a la apropiación ilegítima de los ciclos de la Tierra.
“Las Naciones Unidas, el gobierno dominicano y otras entidades, inician la realización de la Semana del Clima Regional (LACCW 2022) bajo una simulación para dar impulso a la implementación del Acuerdo de París bajo el supuesto de detener el calentamiento global. No obstante organizaciones y movimientos socioambientales en todo el mundo denuncian que la implementación de este Acuerdo es insuficiente y ambiguo para enfrentar las crisis climáticas”, agregan.
Expusieron que la Semana Regional del Clima de Latinoamérica y Caribe, que tiene como anfitrión a República Dominicana, demuestra la fuerte influencia del sector privado y la complicidad de los Estados para retrasar la acción climática a partir de la agenda prevista para ese cónclave.
Señalan que con esto evaden las discusiones de fondo sobre las reales causas de la crisis climática y están comprometidos a mantener la impunidad frente a los culpables del calentamiento global y sus consecuencias en los pueblos.
“Las organizaciones y movimientos sociales de justicia climática, aquí reunidos en Santo Domingo, en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, hemos querido estar presentes en esta Semana del Clima organizada por el Gobierno de la República Dominicana, las Naciones Unidas y los organismos multilaterales de América Latina y el Caribe para demandar acciones climáticas reales”, sostienen.
Reconocen que hoy los pueblos y los estados de la región, por cierto, la más desigual del mundo, tenemos la gran oportunidad de trazar un camino distinto para el bienestar de nuestras sociedades, que efectivamente permitan enfrentar el cambio climático y construir democracias y economías basadas en la soberanía, la justicia, la sustentabilidad y la solidaridad entre las naciones.
