El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, calificó «exagerada y desproporcionada» la licencia que tomó el Ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, por posibles implicaciones de un hijo suyo, en el caso Medusa, sobre presunta sobrevaluación y pago de sobornos en la construcción de la nueva cárcel La Victoria.
Recordó el carácter personal de la pena y en consecuencia el axioma o principio jurídico, que establece que, «nadie es responsable por el hecho de otro»; así como la verdad interina que acompaña, incluso a todo imputado como parte capital y garantía constitucional del debido proceso de ley, conocida como presunción de inocencia, bajo el postulado de que nadie es culpable, hasta tanto con sentencia firme con carácter definitivo y autoridad de cosa juzgada, se le demuestre lo contrario.
«De ahí que estimamos que el ministro de la presidencia se precipitó, en un caso que solo en la fase inicial podría llevarse más de 3 años, dada la complejidad y multiplicidad de actores envueltos en el mismo, en suma y en términos prácticas la acción del funcionario operaría como una especie de renuncia, un tremendismo al aportarse de una gestión constitucional de apenas dos años para concluir, frente a un caso que duraría años antes de finalizar», observa.
Justicia y Transparencia afirma que el expediente Medusa certifica independencia del Ministerio Público.
Asegura que el caso Medusa constituye una prueba fehaciente, de que hay un Ministerio Público, que actúa con plena independencia, sin interferencia, ni presiones políticas, lo que sin dudas se traduce en un avance positivo para la lucha contra el crimen organizado, labor que suscribimos al tiempo de felicitar el desempeño y accionar de la Procuraduría General de la República.
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