Santo Domingo.- Sociedad civil, clase política y religiosa, mostraron su rechazo al proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, que aprobó el Senado, que pasó a la Cámara de Diputados, que lo dejó sobre la mesa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), se suman a las entidades que están en contra de la normativa, de la autoría de la senadora del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Melania Salvador Jiménez, por la provincia Bahoruco.
Además, figuran en el listado que refuta la controversial iniciativa legislativa el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Participación Ciudadana (PC) y legisladores de distintos partidos políticos.
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró como una pérdida de tiempo del Congreso Nacional aprobar el proyecto de la forma en que vino del Senado.
Mercedes, dijo que el proyecto viola derechos fundamentales y, por consiguiente, es una legislación anticonstitucional.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la calificó «aberración», mordaza y atentado a libertad expresión y prensa el proyecto de ley de la senadora por la provincia de Bahoruco, al considerar que en materia de derechos humanos viola la Carta Magna y tratados internacionales.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), a través de su presidente, pastor Feliciano Lacen Custodio, rechazó de plano derecho el pliego de ley y todas aquellas iniciativas que pudieran estar en retroceso de lo que con tanto esfuerzo logró el país.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Manuel Abreu, dijo que a PC le preocupan algunos aspectos consignados en el proyecto de ley.
Citó entre esos aspectos: posible clausura previa, que puede generar temas como el consentimiento previo para el uso de imagen; y la emisión de juicios sin censura en las sesiones del Congreso y en los tribunales.
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