La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), considera que el sistema dominicano de salud requiere un «urgente» cambio estructural, así como un nuevo enfoque que incluya promover la vida sana, prevenir enfermedades y garantizar servicios sanitarios oportunos y de calidad.
Diagnósticos que realizó la entidad revelan un déficit muy grande de unidades de atención primaria en salud y una grave crisis de los hospitales municipales, provinciales y especializados.
Para cubrir el primer nivel de atención debería existir cerca de 7 mil unidades de atención primaria y solo operan, con muchas deficiencias, unas 1,250, en las que falta personal especializado en salud comunitaria y familiar, medicamentos, presupuesto y equipos, situación que se repite en los 130 hospitales del II Nivel de Atención.
“La salud se encuentra en cuidados intensivos sin que se vislumbre una solución ni a corto ni a mediano plazo. El actual Gobierno mantiene intacto el mismo modelo de salud que se instaló hace más de dos décadas y guía las actuaciones de 4 presidentes de la República y 5 ministros. Ese modelo llevó a la ruina a casi todos los hospitales públicos, desatendió la atención primaria, promovió el encarecimiento y la privatización obligatoria mediante el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud y dejó al 58% de la población en condición de desamparo”, afirma.
La entidad que agrupa a cientos de organizaciones sociales, indica que la actual crisis del sistema demanda la búsqueda de soluciones concertadas y urgentes para evitar que en el país se generen estallidos sociales de consecuencias impredecibles.
Dialogos
El gobierno dispuso y llamó al diálogo creando mesas para diversos temas, en ese marco está la mesa de salud, en la que ADESA propuso a los partidos políticos, al Gobierno y a los demás actores participantes firmar un pacto de diez puntos para encauzar al país por la ruta hacia un nuevo modelo sanitario, enfocado en derechos y que priorice la prevención de enfermedades.
Entre los puntos del pacto están rescatar la rectoría del Estado, incrementar a un 5% del Producto Interno Bruto el presupuesto de salud, elaborar un plan decenal del sector e incorporar a las organizaciones comunitarias y sociales a los consejos de administración de los hospitales.
Pondera el diálogo por la salud que se desarrolla y advierte que si éste fracasa el único camino que le quedará al pueblo será el de la movilización social y la confrontación, «lo cual no deseamos transitar».
Sin embargo, el Gobierno y oposición deben entender que el derecho a la salud «es un derecho denegado» en el país y que la crisis sanitaria es tan grave que no puede prolongarse más, que «urge la intervención inmediata de este sector. O concertamos o nos enfrentamos”,
