El Ministerio Público concluyó este lunes la lectura de la solicitud de medida de coerción en contra de siete involucrados en lavado de activos proveniente del narcotráfico, para quienes pidió a un tribunal de Santo Domingo Oeste que le imponga prisión preventiva como medida de coerción y que declare el caso complejo.
La petición fue formulada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa demarcación en contra de Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
La procuradora de corte Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dijo que el Ministerio Público demostró que el delito precedente es el lavado de activos por el contrabando de dólares que secuestraron en el 2020.
El Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
“En el día de hoy el Ministerio Público concluyó y tres de las defensas”, dijo a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal luego de concluida la jornada de este lunes.
Al responder preguntas de la prensa sobre el proceso, dijo que el imputado Juan Gabriel admitió la medida solicitada por el Ministerio Público y pidió que lo enviaran a la jurisdicción de Rafey, en Santiago.
La representante del Ministerio Público destacó que hay elementos suficientes para que a los encartados se le imponga la prisión preventiva que solicita el Ministerio Público en su contra.
La jueza Cecilia Toribio luego de concluida la jornada la noche de este lunes aplazó la audiencia del conocimiento de la medida de coerción para el próximo viernes 1 de abril, a las 9:00 de la mañana.
Los imputados fueron arrestados en la denominada Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público el pasado 10 de marzo, bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
El Ministerio Público destacó en el proceso que la medida de coerción más idónea a imponer en contra de los encartados de este caso es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos cometidos en la red del crimen organizado y el peligro de fuga.
