El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), expresó su firme rechazo a las pretensiones del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que encabeza el presidente Luis Abinader, de entregar al empresariado la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), tras la aprobarlo el 11 de enero de este año la Cámara de Diputados.
La Cámara Baja, aprobó el contrato que entregaría por 30 años, prorrogables, la administración del complejo termoeléctrico por medio de un fideicomiso, por lo que el MST considera “urgente” rechazar este proyecto en las calles, antes que lo aprueben el Senado de la República.
Señalan que ante la enorme ola de rechazo de la medida, el gobierno alega que la entidad fiduciaria que administraría Punta Catalina pertenece al Banco de Reservas, dando a entender que ambas partes involucradas en el contrato son estatales y no hay una operación de compra-venta, sin embargo, el MST alerta que esta entidad estaría subordinada a un Comité Técnico integrado por empresarios nombrados vía decreto por el presidente Abinader.
“Estamos en presencia de la misma estrategia privatizadora de las llamadas alianzas público-privadas. Los gobiernos dominicanos son expertos en usar eufemismos engañosos, como cuando Leonel Fernández llamó capitalización al saqueo privatizador que impulsó. El Comité Técnico que en los hechos se haría con el control de Punta Catalina está integrado por empresarios encabezados por Celso José Marranzini Pérez, quien fue vicepresidente de la CDEEE durante el gobierno de Leonel Fernández, expresidente del CONEP. Estos empresarios eléctricos podrán licitar trabajos, contratar personal, fijar precios de la energía generada y contraer deudas colocando activos de Punta Catalina como garantía de pago. Hay un evidente conflicto de intereses”, dice en una declaración de prensa.
La organización de izquierda alerta que, además, el contrato aprobado por la Cámara de Diputados, con el voto favorable de todos los bloques parlamentarios y sin ningún voto en contra, incluye el pago de un millón de dólares y cien millones de pesos como honorarios fiduciarios.
“Sin que se haya auditado hasta ahora la obra, se estableció en el contrato de manera poco clara un valor referencial de 2.3 mil millones de dólares. Se estima que el Estado dominicano invirtió más de 3.3 mil millones de dólares, un costo determinado en gran medida por sobreprecios. A toda esa corrupción ahora se suma la entrega del complejo al sector privado, que no invirtió ni un dólar”, firman.
Advierten que la entrega de Punta Catalina es parte de una política privatizadora, al igual que el pacto eléctrico y el consecuente aumento de las tarifas, que contempla la figura de fideicomitentes adherentes, “o sea inversionistas privados que pueden incorporarse al fideicomiso”, lo que indica que la planta recaería también, sobre una empresa privada, a contratarse mediante una licitación, y quedaría bajo la dirección de Comité Técnico”.
“Llamamos a repudiar la privatización truculenta de Punta Catalina, obra que se ha convertido en un emblema de la corrupción del PLD y del entreguismo del PRM. Solo una gestión estatal, bajo la estricta vigilancia de los trabajadores y el pueblo, puede permitir alcanzar objetivos ambientales y sociales, que no están dentro de los fines de una administración privada, como por ejemplo la conversión a gas para reducir las emisiones que inciden en el calentamiento global, o extender el acceso a bajo costo a la electricidad en los sectores populares”, expresan.
El MST llama a las organizaciones sociales, populares, ambientales, sindicatos independientes, a salir a las calles a derrotar la entrega de Punta Catalina por parte el gobierno perremeísta, que preside Luis Abinader.
