Santo Domingo.- Varias organizaciones le exigen al presidente Luis Abinader la destitución «inmediata» de César Cedeño como Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales, así como poner fin al contrato de arrendamiento y cooperativización del Ingenio Barahona.
La exigencia la hacen la Federación de Productores Agrícolas y Asociaciones Campesinas del Suroeste (FEPROASUR), Articulación Nacional Campesina (ANC), Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) y Comisión Nacional de Los Derechos Humanos (CNDH).
Sustentan sus reclamos en la acumulación de abusos y corrupción del Consorcio Azucarero Central (CAC), contra trabajadores y productores agropecuarios del Ingenio Barahona y sus zonas aledañas con el apoyo y complicidad de la dirección ejecutiva del CEA.
Los más recientes abusos de los arrendatarios del ingenio Barahona, es la destrucción de miles de tareas sembradas de plátanos, guineos, limones, aguacates y otros frutos menores que por décadas han servido de sustento a cientos de familias campesinas de la Provincia Bahoruco y la Región Enriquillo.
Reclamaron, además, dar curso a las denuncias de corrupción contra Virgilio Pérez Bernal, presidente del CAC, así como a los anteriores directores ejecutivos del CEA, «que se confabularon con la empresa guatemalteca para afectar al patrimonio público y la población de la zona».
Recuerdan que recientemente los campesinos reclamaron que se declare nulo el contrato de arrendamiento y su enmienda no. 3 mediante la cual se cometió una grave estafa contra el Estado Dominicano.
Las organizaciones reiteraron su propuesta de que el Ingenio Barahona debe pasar a manos de los trabajadores y los productores Campesinos organizados en una Cooperativa Agropecuaria de Producción y Trabajo para lo cual ya se están dando los pasos correspondientes con la participación de todas las fuerzas vivas organizadas de la Región Enriquillo.
«La recuperación y cooperativización del Ingenio Barahona es la única alternativa real para detener los abusos contra los campesinos, laborales, violaciones a los derechos humanos y crímenes ambientales de parte de la empresa guatemalteca, así como lograr el desarrollo integral de la zona más pobre de la Republica Dominicana», exponen.
Advierten que no permitiran que los contribuyentes inviertan más de 500 millones de dólares, suma que supera los 30 mil millones de pesos en construir la Presa de Monte Grande para solo beneficiar a un «grupito de empresarios extranjeros» que pretenden tomar todas las tierras de la zona para el monocultivo de la caña, seguir con el empobrecimiento y los abusos contra la población de las comunidades de la Región Enriquillo.
El documento lo firman Enrique Gonzálezpor FEPROASUR, Hero Antonio Pérez, ANC, Jeús Núñez, UTC y Manue Merces, CNDH-RD.
