El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirma que la reforma de la Policía Nacional debe trascender la compra de tecnología o la mejora de salarios.
Para Ulloa, el núcleo del cambio radica en fortalecer la profesionalización y garantizar que cada actuación policial esté alineada con la Constitución y el respeto a la dignidad humana.
Basándose en los datos del Informe Nacional de Derechos Humanos 2025, el titular de la entidad reveló una realidad preocupante: la ciudadanía identifica a la institución del orden como el ente que menos respeta los derechos fundamentales en la República Dominicana.
Cifras de desconfianza ciudadana
Los resultados de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH) 2025 son tajantes. El 50% de las personas consultadas considera que la Policía Nacional es la institución con peor desempeño en materia de respeto a los derechos básicos.
Ulloa explicó que esta valoración se da en un contexto de desconfianza generalizada hacia las autoridades públicas, donde incluso los partidos políticos y la Presidencia de la República son percibidos por una parte de la población como actores vinculados a vulneraciones de derechos.
“Esta percepción se explica por la relación cotidiana que tiene el ciudadano con la autoridad policial, especialmente en temas de integridad personal, libertad y libre tránsito”, opinó Ulloa.
Propuestas para la transparencia: Cámaras y GPS
Ante este panorama de desconfianza, la oficina del Defensor del Pueblo ha planteado una serie de medidas tecnológicas y administrativas para forzar la rendición de cuentas en las intervenciones policiales. Entre las propuestas destacan:
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Cámaras corporales (bodycams): Para registrar el trato directo con el ciudadano.
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Cámaras en patrullas: Vigilancia constante del accionar en las vías públicas.
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Sistemas de geolocalización (GPS): Control estricto de la ubicación de las unidades.
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Bitácora digital: Un registro inalterable de cada intervención realizada.
Hacia una resolución política
Para Ulloa, Defensor del Pueblo, la reforma policial no es un evento aislado, sino una necesidad urgente para recuperar la paz social.
Precisó que el informe de 2025 debe servir como una hoja de ruta para que las autoridades dejen de ver la seguridad solo como un tema de fuerza y comiencen a verla como un compromiso con la justicia y el derecho ciudadano.
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