El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, lanzó una severa advertencia pública tras la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) Núm. 0030-1643-2025-SSEN-00786, que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, al considerar que la decisión constituye una seria amenaza contra la protección del patrimonio ambiental de la República Dominicana.
Domínguez Brito calificó el fallo como temerario y peligroso, al entender que abre la puerta a viejas y cuestionadas pretensiones de apropiación irregular de terrenos ubicados dentro de áreas protegidas, debilitando la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y creando un precedente que expone ecosistemas estratégicos a intereses económicos particulares.
En su condición de exministro de Medio Ambiente y exprocurador general de la República, recordó que las áreas protegidas del país han sido establecidas mediante leyes sustentadas en estudios científicos, criterios técnicos y compromisos internacionales, por lo que advirtió que permitir que omisiones administrativas o inconsistencias cartográficas prevalezcan sobre el marco legal vigente representa una grave distorsión del principio de legalidad ambiental y del mandato constitucional de preservar los recursos naturales.
El también exsenador de la República alertó que la sentencia podría provocar una judicialización masiva del sistema de áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y poniendo en riesgo décadas de avances en conservación ambiental, al tiempo que subrayó que el desarrollo económico y turístico del país debe regirse por criterios de sostenibilidad y respeto al derecho colectivo a un medio ambiente sano.
Domínguez Brito sostuvo que el Estado dominicano está en la obligación de actuar con firmeza frente a cualquier intento de privatización, fragmentación o reducción de territorios protegidos, al recordar que históricamente han existido maniobras orientadas a distorsionar la realidad jurídica de estos espacios para favorecer intereses particulares en detrimento del interés público.
Finalmente, exhortó a las instancias judiciales superiores a ponderar, en los recursos correspondientes, el principio de no regresión ambiental, así como el interés general de la nación, reiterando su compromiso con la defensa del patrimonio natural dominicano.
“Las áreas protegidas no son negociables. Constituyen una responsabilidad constitucional, legal y moral que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras”, concluyó.
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