El Frente Amplio (FA) rechazó la Sentencia TC/1774/25, emitida por el Tribunal Constitucional, al considerarla inconstitucional, regresiva y contraria al principio de transparencia, tras excluir a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas de la aplicación de la Ley General núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
La organización política advirtió que la decisión debilita gravemente el derecho fundamental de acceso a la información, consagrado en la Constitución dominicana, y favorece la opacidad en un sector que gestiona un servicio público esencial como la salud, financiado mediante cotizaciones obligatorias establecidas por ley.
FA cuestiona interpretación del Tribunal Constitucional
En un comunicado, el Frente Amplio afirmó que el Tribunal Constitucional adoptó una interpretación formalista y restrictiva, al reducir el concepto de fondos públicos únicamente a los recursos consignados en el Presupuesto General del Estado, ignorando que las ARS administran fondos de la seguridad social de carácter obligatorio.
“Estos recursos están destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos y dominicanas, por lo que no pueden quedar fuera del control ciudadano”, sostuvo la organización política.
ARS ejercen funciones de interés público
El FA subrayó que, aunque las ARS tengan naturaleza privada, ejercen funciones de interés general, operan bajo autorización estatal previa y están sometidas a una regulación intensa, por lo que no pueden ser tratadas como simples empresas privadas ordinarias ni quedar exentas del escrutinio público.
Asimismo, criticó que el Tribunal pretenda sustituir el derecho directo de la ciudadanía a la información por un control indirecto a través de la SISALRIL, señalando que la supervisión administrativa no reemplaza el derecho constitucional a la transparencia, ni garantiza un control social efectivo sobre entidades que manejan recursos de alto impacto público.
Asimetría de transparencia en el sistema de salud
El partido verde y amarillo calificó como contradictorio y peligroso que el propio Tribunal Constitucional reconozca que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) sí está sujeto a la Ley 200-04 por administrar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas, creando una asimetría de transparencia dentro del mismo sistema de salud.
Finalmente, el Frente Amplio llamó a los sectores sociales, académicos y políticos a impulsar una reforma legal y constitucional que garantice la transparencia plena en el sistema de seguridad social, y advirtió que decisiones como esta erosionan la confianza pública, favorecen la impunidad administrativa y debilitan el control democrático sobre servicios esenciales.
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