Benny Rodríguez
El fiscal titular de Barahona, magistrado Welitogn A. Matos Espinal, expresó su inconformidad con la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, que impuso cinco años de prisión y dispuso la puesta en libertad de los imputados por la muerte de un joven ocurrida en 2023 en una conocida cafetería de este municipio.
Matos Espinal afirmó que no comprende los criterios asumidos por los jueces, al considerar que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes y suficientes para obtener una condena superior a los 20 años de prisión contra los acusados.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa A Media Mañana, donde el fiscal explicó que el órgano acusador agotó todas las diligencias investigativas necesarias para sustentar la acusación por homicidio.
El tribunal condenó a Keli Joel Agüero a cinco años de prisión, mientras que descargó a Frank Clinton Ramírez, alegando insuficiencia probatoria, decisión que —según el fiscal— no se corresponde con el conjunto de pruebas aportadas durante el proceso.
Rechazo de familiares
Se recuerda que, tras la sentencia emitida el pasado 20 de enero, familiares y allegados de la víctima, Juan Carlos de la Cruz (Paul), manifestaron su rechazo, calificando la pena como “muy benigna” frente a la gravedad del hecho.
Anuncian apelación
Matos Espinal informó que el Ministerio Público interpondrá recurso de apelación, al tratarse de un caso de alto interés social, reiterando que existían elementos suficientes para imponer condenas significativamente mayores.
Indicó que durante el juicio se presentaron videos difundidos a nivel nacional, así como testimonios presenciales claros, precisos y concordantes, que —a su juicio— demostraban de manera inequívoca la responsabilidad penal de los imputados.
“Los testigos corroboraron exactamente lo que se observa en los videos. Entendemos que los elementos de prueba eran suficientes para una condena mucho más severa”, sostuvo.
A la espera de la sentencia íntegra
El fiscal explicó que el Ministerio Público espera la sentencia íntegra y debidamente motivada, para conocer los fundamentos jurídicos que llevaron al tribunal a adoptar esa decisión.
“Los jueces tienen la obligación legal de motivar sus fallos. Una vez conozcamos esos fundamentos, estaremos en condiciones de refutarlos ante la Corte de Apelación”, afirmó.
Confianza institucional
Matos Espinal expresó su confianza en que la Corte de Apelación pueda reevaluar las pruebas y dictar una decisión acorde con el derecho y la gravedad de los hechos, al tiempo que reiteró el respeto institucional del Ministerio Público hacia el Poder Judicial.
“Respetamos las decisiones judiciales, pero cuando entendemos que no se ajustan a derecho ni a la prueba presentada, tenemos el deber de recurrirlas en representación de la sociedad”, puntualizó.
Finalmente, reiteró que el Ministerio Público continuará acompañando a las víctimas, defendiendo la legalidad y procurando que las decisiones judiciales reflejen una valoración justa y objetiva de las pruebas.
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