El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), manifestó su alta preocupación ante las denuncias del Instituto Duartiano y el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, sobre supuestas pretensiones de organismos internacionales de incidir en la reversión de los efectos de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
La entidad evangélica indicó que toma “nota con expectativa” de la postura expresada por el canciller Roberto Álvarez, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) no tiene intención de revertir el fallo constitucional, esperando que dicha afirmación se traduzca en una línea de acción clara, coherente y consistente en todos los espacios donde se represente a la República Dominicana.
El presidente del CODUE, pastor Feliciano Lacen Custodio, expresó que coincide con las alertas planteadas por Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, así como con las declaraciones de Ray Guevara, al considerar necesaria una vigilancia cívica permanente frente a cualquier iniciativa que busque imponer directrices externas en materia migratoria y constitucional, ámbitos que competen exclusivamente al ordenamiento jurídico nacional.
“Exhortamos a las autoridades y a la sociedad civil a preservar la institucionalidad, defender las decisiones del Tribunal Constitucional y no bajar la guardia ante escenarios que puedan comprometer la soberanía nacional, reiterando nuestra disposición de dar seguimiento responsable a este tema de interés país”, afirmó Lacen Custodio.
El líder religioso advirtió que, de confirmarse estas versiones, resultarían lesivas para la soberanía jurídica e institucional de la República Dominicana, al intentar desconocer una decisión constitucional que estableció criterios claros para la depuración del Registro Civil y la correcta aplicación de un plan de control y regularización, conforme al marco legal vigente.
CODUE recordó que la Sentencia 168-13 respondió a la necesidad de ordenar el sistema registral, garantizar la seguridad jurídica y fortalecer el Estado de derecho, sin perjuicio de la implementación de políticas públicas de documentación para todas las personas que residen en el país, sean nacionales o extranjeros, en condición regular o irregular, conforme a la ley.
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