Edwin Paraison
La muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar en Santiago ha sido presentada hasta ahora como un ahogamiento. Sin embargo, en la ciudad es un secreto a voces que los hechos no encajan simplemente con esa versión.
El trato frío, insensible y discriminatorio recibido por su madre, Lovelie Joseph, tanto por la fiscalía local como por el colegio, generó tanta indignación que la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una profundización urgente de las investigaciones.
En una conversación telefónica con este servidor, la madre reveló un dato clave: Stephora sufría acoso escolar constante por ser negra y haitiana. A pesar de las denuncias presentadas ante la dirección del centro educativo, no se adoptaron medidas para enfrentar un problema que afecta, bajo distintas formas, a escuelas en toda la región: el llamado bullying.
Sobre el caso, el veterano periodista y amigo Esteban Rosario afirmó en su programa televisivo “Detrás de la noticia” contar con información de primera mano que apuntaría a la participación de compañeritos de la escuela en los hechos dramáticos.
Por ello, la investigación ordenada debe incluir interrogatorios individuales y cuidadosos a los niños presentes – incluso el uso de cámaras de Gesell, si fuera necesario- así como el uso de herramientas tecnológicas adecuadas para detectar cualquier manipulación en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
Al respecto, no hay ninguna duda: algunos niños saben lo que ocurrió, y también algunos adultos que se rehusaron a ofrecer alguna explicación a tiempo a la desconsolada madre. Las responsabilidades deben ser definidas en todos los niveles.
Pero aquí es donde emerge la dimensión profunda de esta tragedia: la verdad se vuelve incómoda. Incomodísima. No solo por la responsabilidad que podría recaer sobre actores concretos, sino porque toca temas que ciertos sectores prefieren no ver: racismo, discriminación y la negación sistemática -cuando ocurre- de violaciones de derechos humanos contra haitianos en la República Dominicana.
El caso Stephora recuerda inevitablemente otros episodios donde la verdad fue silenciada para “proteger” la imagen del país. El ejemplo del joven haitiano Henri Claude Jean, conocido como Tulile, encontrado ahorcado en el Parque Ercilia Pepín en 2015, es emblemático.
A pesar del peso simbólico —evocando prácticas del Ku Klux Klan—, el caso se diluyó en la desmemoria institucional. La investigación no prospero. Simplemente se dejó así.
También recuerda, desde otra óptica, la muerte de Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana en España en 1992, a manos de un grupo xenófobo. Ese crimen obligó a la sociedad española a mirarse al espejo y confrontar el racismo incubado en ciertos sectores sociales.
En la República Dominicana, fenómenos similares —alimentados hoy por discursos antiinmigrantes más influyentes— dificultan que casos como el de Stephora se aborden con transparencia.
La República Dominicana es hoy líder regional en crecimiento económico, turismo y modernización urbana. Santiago y Santo Domingo proyectan una imagen vibrante y moderna que la mayoría de sus vecinos admira. En ese desarrollo, la mano de obra haitiana ha contribuido enormemente, aunque rara vez se reconozca de manera explícita.
Precisamente por esos avances, resulta contradictorio que persista el temor a enfrentar de manera honesta los casos delicados que involucran a haitianos. La modernidad no se mide solo por las torres, el metro, los malls y autopistas, sino por la capacidad moral de enfrentar prejuicios y garantizar justicia a todos, sin excepción.
Otro aspecto señalado por comunicadores y actores locales es la composición social del colegio y los intereses vinculados a su reputación. Silenciar el caso o acomodar la verdad a conveniencia protege a algunos, pero profundiza el daño a la justicia y a la convivencia.
Stephora, una niña alegre y extrovertida, no puede llevarse la verdad consigo al cielo. Su caso es una prueba para la sociedad dominicana: demostrar si es capaz de enfrentar una verdad incómoda, aunque toque sensibilidades e intereses. Por las voces de indignación y rechazo al comportamiento de las autoridades locales —y de solidaridad con la madre Lovelie— que se han levantado en los medios de comunicación, las redes sociales y diversos sectores nacionales, se abre una esperanza.
Por ella, por sus padres y por los miles de niños haitianos y dominicanos que comparten aulas, es urgente romper el patrón de silencios y la ausencia de seguimiento correctivo en el comportamiento social que rodean estos episodios.
*Autor, director ejecutivo de la Fundación Zile
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