Scharazade Rodríguez
La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe), continúa trasladando a familias que, por años, residen debajo del Puente Francisco del Rosario Sánchez o “Puente de la 17”, como popularmente se le conoce.
La mañana del viernes, muchas familias sacaban sus pertenencias con apoyo del servicio de mudanza de la entidad, sin embargo, algunos residentes calificaron el proceso como una «acción forzada», al considerar insuficientes los montos otorgados para adquirir una vivienda en mejores condiciones.
Compensación insuficiente
De acuerdo con los beneficiarios, la compensación económica no equivale a una “mejora de vivienda”, es decir, una casa que eleve sus condiciones físicas, su valor y su funcionalidad.
Uno de los casos es el de Juan Carlos, quien vivió 43 años debajo del puente. Contó que, tras múltiples reclamos, aceptó los RD$750,000 que le ofreció Urbe.
“Yo volví y volví. Remidieron y remidieron, hasta que yo les dije que me den lo que tienen que darme. ¡Quién puede con el Gobierno!”, expresó resignado.
Dijo lleva tiempo buscando vivienda, pero los altos precios lo han dificultado. Finalmente, tuvo que tomar un préstamo de RD$50,000 para completar la compra de lo que calificó como una “mejora» de una casa para poder aguarecerse.
Su hermana, Annerys Tavares, explicó que ella vivía alquilada en una casa de madera y recibió RD250, 000, mientras que la propietaria obtuvoRD70, 000.
De igual forma, Yissel Estrella Delgado Caraballo denunció que, aunque representantes de Urbe le informaron en 2019 que sería trasladada, aún no ha recibido el dinero.
Otro caso es el de Bartolo Novas, quien firmó hace 8 años un acuerdo y recibió RD$600,000, aunque en su vivienda había otra persona habitando el espacio, la cual no recibió compensación.
Natalí, quien vivía con su esposo en una casa heredada de su madre, junto a sus seis hermanos, contó que su vivienda de dos habitaciones y un baño, fue tasada en poco más de RD$300,000. Ahora deberá vivir alquilada.
Mientras observaban cómo retiraban sus pertenencias, un joven comentó que se trataba de un desalojo, pero un representante de Urbe lo corrigió, asegurando que es un “traslado” ya que el proceso no es forzoso, sino voluntario.
Los que se resisten al traslado
Debajo del puente quedan pocas viviendas habitadas. Cada vez que una familia se traslada, la estructura es demolida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Martínez Medina Ferreras, quien lleva más de 20 años viviendo en el lugar, aseguró que no aceptará el monto ofrecido porque no cubre el valor de su vivienda.
“Yo no firmé. Lo que ellos me dan no vale mi casa”, dijo mientras sus nietos jugaban y su esposa cocinaba el almuerzo de la familia en medio de las turbulencias por el desalojo o traslado que deberá ocurrir en cualquier momento.
Supervisión
Durante los traslados, representantes de Urbe supervisaron que el proceso cumpliera con los protocolos establecidos. Luis Alcántara, supervisor de la entidad, explicó que los beneficiarios fueron notificados con antelación sobre la fecha de mudanza.
Deysi Candelario, otra representante, indicó que la institución sigue un protocolo para verificar el destino de las familias, quienes son transportadas en minibuses con aire acondicionado y con servicio de mudanza incluido.
El ingeniero civil de la obra, Wilton Fernández, informó que aún no se ha definido qué se construirá en el espacio liberado, pero que colocarán vallas para evitar nuevas ocupaciones.
Para octubre -revela- está prevista la entrega del nuevo destacamento policial de la zona. El área estuvo custodiada por militares y personal de Urbe, mientras maquinarias del MOPC demolían las estructuras y recogían los escombros de las viviendas derribadas.
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