La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional depositaron un recurso de apelación contra la decisión de la jueza que dejó en libertad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 235 personas muertas y más de 180 heridas.
Al presentar el recurso ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el fiscal Emmanuel Ramírez, adscrito a la Dirección General de Persecución, expresó que, tal como adelantó el procurador adjunto Wilson Camacho, los investigadores del caso rechazan la medida impuesta por la jueza Fátima Veloz por no ser proporcional a los hechos imputados y por obviar que el sistema de justicia debe evitar que los procesados intimiden a testigos del caso.
“Solicitamos, como en la solicitud inicial, prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por ser las medidas de coerción idóneas para el término de la investigación”, explicó Ramírez.
Luego del depósito del recurso, Emmanuel Ramírez explicó que ahora corresponde a la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijar la sala que conocerá el recurso del Ministerio Público y de los cientos de querellantes que también rechazan la decisión judicial.
Sobre el proceso
La medida de coerción apelada fue emitida por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, durante una audiencia celebrada el pasado 18 de junio, que se extendió por alrededor de 14 horas.
En su decisión respecto al caso ocurrido el pasado 8 de abril y que enluteció a cientos de familias y llenó de tristeza a todo el pueblo dominicano, la jueza impuso a los imputados una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, en un proceso que fue declarado complejo.
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó dicha decisión como “una burla a las víctimas”, al señalar que el tribunal no valoró adecuadamente la magnitud del daño causado a la sociedad dominicana y a las familias de las víctimas.
“Estamos hablando de 235 personas que murieron, más de 180 heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos, como consecuencia de una conducta motivada por el interés económico por encima de la seguridad de las personas”, expresó Camacho, quien encabezó el equipo litigante junto a los fiscales Rosalba Ramos, Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
El Ministerio Público presentó para la coerción más de 130 elementos de prueba para sustentar su solicitud de medidas de coerción más severas.
La investigación estableció que los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
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