La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresa su alarma ante una nueva ley de inteligencia en Ecuador que podría convertirse en un instrumento de control de la actividad periodística, de las libertades de expresión y de prensa en el país Sudamericano.
El 10 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia con el propósito de fortalecer la seguridad nacional, según informes de prensa.
Sin embargo, la normativa de 58 artículos promulgada por el presidente Daniel Noboa, ha generado preocupación entre periodistas y defensores de la libertad de prensa en Quito.
La ley autoriza, sin la necesidad de una orden judicial, interceptar comunicaciones y obliga a las empresas operadoras de telecomunicaciones a proporcionar información sobre sus usuarios, según informes de la prensa local.
Además de afectar a los ciudadanos y críticos del poder político, la legislación puede restringir el trabajo de búsqueda y acceso a información pública para los periodistas y medios de comunicación. El reglamento que definirá cómo se aplicará la ley debe estar listo para diciembre próximo.
El artículo 51 establece que “los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar (…) la información requerida para el desarrollo de actividades y/u operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esto incluye información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra información que facilite su identificación y localización”.
La organización Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, conocida como Fundamedios, rechazó el estatuto porque “pone en riesgo la privacidad, el acceso a la información y la libertad de prensa”, al permitir el uso político de la vigilancia estatal, sin controles judiciales ni transparencia. La ley crea un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), integrado entre otros por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que brindará información directa al presidente.
“El impacto potencial de esta legislación sobre el periodismo nos preocupa profundamente”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Uno de los aspectos más inquietantes es la amenaza que representa para la privacidad de las comunicaciones y la protección de las fuentes periodísticas. El posible uso de mecanismos de vigilancia y recopilación de datos podría fomentar la autocensura e intimidar tanto a periodistas como a medios”.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “esta ley podría abrir la puerta a represalias contra quienes critican al gobierno o se especializan en investigaciones periodísticas de alto impacto”. Y agregó: “La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales de un periodismo independiente. Cualquier intento por limitar estas prácticas debilita la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada con libertad y rigor”.
La Declaración de Salta II de la SIP sobre principios de libertad de expresión en la era digital, actualizada en octubre de 2024 durante la Asamblea General realizada en Córdoba, Argentina, reafirma en su artículo séptimo que “las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital que vulneren las libertades y la privacidad de la ciudadanía. Estos mecanismos sólo son admisibles en casos excepcionales en los que se persiga un fin legítimo, en el marco de un debido proceso con orden judicial y de acuerdo con las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso. Las personas deben tener garantizados el acceso y control a sus datos personales recopilados por el Estado”.
El presidente Noboa firmó el 19 de marzo de 2024 las declaraciones de Chapultepec y Salta (2018), y se comprometió ante una delegación de la SIP que visitó Ecuador en ese mes, a garantizar las libertades de prensa y de expresión.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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