Como una “variante perturbadora”, de “poco tino” y “falto de juicio”, califican el proyecto impulsado por El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), para cambiar radicalmente el programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el cual se pretende eliminar a los proveedores del alimento servido en los centros educativos.
La afirmación la hacen la Federación Nacional de Suplidores, Alimentos y Afines (Fenafin), Unión Nacional de Suplidores de Alimento Escolar (Unsae), Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias (Asodoina), la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de la República Dominicana (Asupliderd).
Estas instituciones ven con mucha preocupación esta iniciativa de ley porque, aseguran, tiene un marcado interés de quebrar económicamente a miles de familias que consiguen su sustento de pequeñas empresas que suplen el almuerzo escolar en todo el territorio nacional.
Indican que muchos de sus miembros se embarcaron en préstamos para poder establecer sus cocinas, preguntándose ¿qué pasará con ellos? en caso de prosperar la pieza legislativa, la cual, ya ha sido sancionada por la Cámara de Diputados y ahora reposa en el Senado.
En ese sentido, llaman la atención del presidente Luis Abinader para que, en el hipotético caso de que el Proyecto de Ley sea sancionado favorablemente por la Cámara Alta, el mandatario haga uso de sus facultades constitucionales y observe la pieza.
En ese sentido, los suplidores del almuerzo escolar, advierten que de ocurrir una aprobación del proyecto por los senadores, se arruinaría la vida a cientos de miles de familias que se sustentan de esta actividad económica.
Las entidades afirman que más que crear un proyecto de ley para eliminar a quienes por 15 años han sustentado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), toda iniciativa legislativa que deba promoverse debe estar orientada a fortalecer el mecanismo ya existente.
Fenafin, Unsae, Asodoina y Asupliderd, indican que desde hace década y media son quienes sustentan el PAE, un instrumento que ha generado toda una dinámica productiva, así como económica en los territorios, por lo que de un “plumazo” intentar suplantarla más que contribuir a mejorar, lo que hace llevar pobreza a propietarios de las concinas industriales responsables de alimentar al alumnado nacional.
“Nosotros no nos oponemos a una mejora, a que nos regulen mediante una ley, a lo que nosotros sí nos oponemos es al intento de eliminarnos, porque, toda mejora debe ser a partir de lo que ya existe”, afirman.
De igual modo, señalan que durante estos 15 años han brindado un servicio de alimentación escolar de calidad, así como sus emprendimientos productivos certificados por los organismos oficiales como muestras de la seriedad de quienes se dedican a esta actividad económica.
Además, afirman que quienes laboran en las cocinas industriales en el manejo de los alimentos que se brinda al estudiantado nacional en las escuelas públicas del país, han recibido capacitaciones sistemáticas, contribuyendo a que puedan brindar alimentación de calidad al alumnado nacional.
Precisan que son cientos de miles los empleados, así como las microempresas que intervienen en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), advirtiendo a las autoridades que de continuar adelante con la pieza legislativa saben qué ocurrirá en la República Dominicana, sobre todo, en los territorios más carenciados y económicamente más deprimidos.
BARAHONA
Señalan que en el caso de la provincia Barahona, se habla de unos 1,700 empleados y 110 Mipymes que suplen las materias primas para elaborar el alimento escolar, pero que en caso de aprobar el proyecto se irían para sus casas.
Señalan que esas casi 2,000 familias no encontraran en donde conseguir el sustento quienes dependen directamente de ellos, por lo que consideran es necesaria la intervención del presidente Luis Abinader porque, a juicio de estas entidades, “ve más allá del bosque” y en el presente caso se requiere de su liderazgo.
“Pero sí multiplicamos que individualmente de esos 1,700 empleados directos dependen 3 personas, hablamos de 5,100 en promedio e igual ocurriría con las Mipymes, porque el motoconcho, los taxis son impactados con esta actividad, porque intervienen en esta dinámica productiva”, señalan.
Advierten que esperan el proyecto de ley sea el resultado del consenso y no de la imposición, sobre todo, invitan a evaluar todas las variables, en el entendido que toda iniciativa debe estar orientada a proteger, no a lo contrario.
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