Para Participación Ciudadana es «positivo» que en su primer mes la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), publicara 3 auditorías de igual número de instituciones del Estado.
Según el organismo, equivalente a Transparencia Internacional, esto marca una ruta en la vía de recuperar la reputación perdida y, por lo tanto, ganarse la confianza ciudadana.
Los informes en los que se detectaron irregularidades durante gobiernos pasados, corresponden a los ministerios de Hacienda (MH), Industria, Comercio y MiPymes (MICM) e Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
La voluntad de publicarlas sin pérdida de tiempo, implica un compromiso inicial con la transparencia en los trabajos de esa importante institución del Estado, presidida por Emma Polanco Melo e integrada por Francisco Tamárez Florentino, como vicepresidente y Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, como miembros.
“Una auditoría pretende examinar, utilizando las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas, las transacciones, registros, documentos, informes y los estados de ejecución presupuestaria, con el propósito de verificar el cumplimiento de la entidad con las disposiciones legales aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno, para así sustentar el dictamen sobre la razonabilidad y legalidad de las cifras e informaciones contenidas en los estados de ejecución presupuestaria de la entidad, por parte de los auditores asignados por la CCRD”, indica.
Esas tres primeras auditorías publicadas, revelan no solo la distracción de fondos públicos, sino, además, el enorme descuido con que se gestionó la cosa pública, que implica pérdidas importantes de recursos en perjuicio del Estado, es decir, para la ciudadanía en general.
Auditar entidades bajo rectoría de presidenciables
En estos tiempos donde, en violación a la ley, ya existen aspirantes a candidaturas para las elecciones todavía distantes del 2028, pero, sobre todo, que varios de esos aspirantes al mismo tiempo ocupan posiciones en la administración pública, es necesario que la Cámara de Cuentas incluya en su calendario de auditorías aquellas entidades públicas administradas por esos aspirantes.
El objetivo -señala- es para tratar de poner un freno al uso de los recursos públicos con fines electorales por parte de los «presidenciables» que manejan esas entidades, señala Participación Ciudadana.
Es importante señalar, agrega, que tanto la aplicación como las recomendaciones realizadas por la CCRD, son de cumplimiento obligatorio.
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