Campesinos de Maimón y Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, desde las 6:00 de la mañana de este miércoles comenzaron una protesta con el objetivo de dejar claro que el pueblo está en contra de la presa de cola que pretende construir la minera Barrick Gold Pueblo Viejo.
Unos a pie y otros en sus vehículos, estas localidades se inmovilizaron provocando trastornos en el tráfico en la carretera Maimón-Cotuí por lo que empleados de la minera no pudieron llegar a tiempo a sus puestos de trabajo.
“La Barrick es una minera asesina protegida por un gobierno entreguista, pero el pueblo resiste y no baja la vista”, cantaban y armonizan quienes caminaban en una gigantesca manifestación que no permitía el paso de motores, carros o camionetas.
“Solicitamos la intervención del presidente Luis Abinader”, se lee en uno de los carteles que lucen los campesinos. Roque Espaillat, (El cobrador), excandidato presidencial, se unió a la proclama del pueblo manifestando que la minera extranjera busca apropiarse del oro que le pertenece al pueblo.
“El oro es del pueblo dominicano, está es una empresa extranjera que quiere desplazar campesinos que han vivido durante décadas y creen que pagando un puñado de monedas le pagan décadas de vida”, indicó.
Fernando Peña del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y representante de la comunidad en la comisión mediadora del diálogo, expresó que lo que busca la Barrick es “quedarse con las manos libres” sin compromiso.
“Lo que Barrick ha estado haciendo es intentando invalidar la representación de la comunidad”, dijo, al tiempo de manifestar que estos intentan sacar de la conversación al líder y representante de los comunitarios.
Comisión
Una comisión mediadora encabezada por los comunitarios, la iglesia, el Defensor del Pueblo y la Barrick han sostenido al menos tres encuentros para que las partes involucradas concerten un acuerdo.
El último encuentro tuvo lugar hace una semana (el lunes), pactando que la mina debe entregar un informe donde revisen las dos normas de reasentamiento involuntario, que permita aplicar una reubicación favorable para las comunidades, conforme a los estándares internacionales.
Este informe debe ser presentado ante el Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días, siendo este el 30 de enero de este año. En tanto, la próxima reunión de la comisión será realizada el 4 de febrero de este año en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), donde se continuará desarrollando la agenda de trabajo para avanzar en las soluciones.
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