“Porque no estaba en correspondencia con la Constitución de la República”, el Tribunal Constitucional (TC), anuló la ley 1-24, cual creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
De acuerdo con la Sentencia del TC/0767/24, se acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que buscaba anular la ley 1-24, como en efecto lograron.
La ley DNI fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 enero y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 del mismo mes, pero semanas previas a su creación, se depositaron, al menos, 7 acciones de inconstitucionalidad contra esta nueva normativa.
El pasado 22 de enero, Acción Cristiana, Juventud con una Misión, RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEMI), FUMEJID así como Mayobanex Pepín y María Magdalena Piña Dirocié presentaron “una acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9, 11, 12, 13 y 26 de la Ley 1-24, porque violentaba la libertad, seguridad personal, intimidad y honor personal, libertad de expresión e información, así como a la reglamentación de los derechos y garantías fundamentales; derechos y principios consagrados en los artículos 40, 44, 49 y 74 de la Constitución”.
Además, la Sociedad Dominicano de Diarios (SDD), se pronunció en varias ocasiones sobre algunos artículos de la ley, en específico los 9, 11 y 26.
El artículo 11 indicaba que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que requiriera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.
Mientras el artículo 26 establecía sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DNI.
Teaccionó Leonel
Al conocer la sentencia del Tribunal Consttitucional (TC), anulando la citada ley, por violentar derechos fudamentales, de inmediato reaccionó sobre el particular el presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández-
En su cuenta de la red social X, dijo en un mensaje: “El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley 1-24 sobre el DNI mediante la sentencia TC/0767/24, acogiendo un recurso presentado por la Fuerza del Pueblo y otros partidos opositores. Esta decisión reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y los intereses del pueblo”.
También, previo, el exmandatario se había expresado en X, el pasado 22 de enero, “que esa ley era un retroceso institucional democrático más grave ocurrido en el país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo hasta la actualidad”.
SDD
El pasado septiembre, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, dijo que se presentarían los cambios a varios de esos artículos para corregir “ambigüedades” que habían sido identificadas. Esas declaraciones se produjeros luego de varios encuentros entre los directivos de la entidad que preside y quienes representaban al Poder Ejecutivo.
“Se han hecho los ajustes de lugar, sobre todo, en aquellas disposiciones que se insinuaba que su actuación debería de estar precedida de una autorización judicial, lo cual nosotros entendíamos que estaba dicho en términos generales, pero la comisión ha entendido que debe de decirlo de manera específica en cada uno de los artículos que refieren a esas acciones y nosotros así lo hemos aceptado”, dijo, también, esa ocasión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Es, entonces, que el 19 de septiembre, Peralta, en nombre del Ejecutivo depositó ante el Senado el proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, luego de que la mesa de trabajo conformada por la sociedad civil y el Gobierno llegaran a un consenso.
El objetivo de la ley
En principio, la finalidad de la creación de la DNI era proteger “los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado”, de acuerdo con el Senado.
La pieza fue aprobada en dos lecturas consecutivas, luego que el senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno del Senado un informe favorable y solicitó que fuera incluido en el orden del día, declarado de urgencia y aprobado, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.
La SIP se opuso
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es otra de las instituciones que se pronunció en contra de la creación de Ley de la DNI porque por sus afectaciones al trabajo periodístico y derechos fundamentales de las personas.
En un artículo publicado en este diario, el 22 de enero pasado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, editor periodístico de La Voz del Interior de Argentina, dijo que “el lenguaje amplio y ambiguo de esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, un derecho consagrado en la Constitución”.
Colegio de periodistas la rechazó
También se pronunció en contra la nueva ley y que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, como órgano guardián de los derechos fundamentales, así como del Estado de derechos, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
En la persona de su presidente, Aurelio Henríquez, el CDP fijó posición al respecto, sobre todo, porque entendían se constituía en un retroceso para el trabajo que deben desarrollar los y las periodistas en el país-
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