Oscar López Reyes
Para no perder a la patria, los dominicanos estamos compelidos a mostrar resistencia rebelde, echando al zafacón la percibida quietud e inmovilismo frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos, la Unión Europea, las Ong,s mercenarias y los pajes ideológicos adocenados frente a los que pretenden imponernos, cual el antiguo imperial régimen zarista ruso (antes de los bolcheviques), decisiones desde fuera respecto al colapso de Haití.
En 2013, el presidente Danilo Medina Sánchez se doblegó como un vasallo feudatario de la peor laya. A la sazón, dictó el contradictorio decreto que dotó al país de una regulación migratoria, coincidiendo con la llegada de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que apresuradamente cuestionó la patriótica sentencia 168/13, del Tribunal Constitucional, que sólo reconoce como nacionales a las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.
Días después, representantes del Congreso de Estados Unidos remitieron una carta al jefe del Estado dominicano, reclamándole que no ejecutara el referido fallo y que, con precisión, valentía y respeto, fue contestada por el entonces diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo.
Ciertamente, un plan de regularización ofrece la oportunidad a los extranjeros ilegales de obtener residencias permanentes, temporales o de no inmigrantes, como en otros países, y más adelante optar por la naturalización, cumpliendo requisitos pre-establecidos. Ahora bien, ¿ya los haitianos fueron dotados de actas de nacimiento? ¿De la noche a la mañana, cambiaron ellos su parecer y actitud, y ahora se acogerán a la mentada regulación? ¿cuántos miles de millones de pesos se esfumaron en el anterior proceso?
Las relaciones domínico-haitianas se ponen más tensas con el transcurrir de las fechas, alimentadas -primero- por la desinformación mal intencionada en torno a la referida sentencia, y -segundo- porque la ONU, Estados Unidos y todos esos artefactos/trampas de los denominados Derechos Humanos, les meten más candela al fogón, buscando reforzar la geopolítica del imperio de que, por supuestas razones humanitarias, acojamos a todos los que ilegalmente crucen la frontera.
Por todos es bien sabido que la República Dominicana ha dado albergue a cientos de miles de ilegales haitianos, en perjuicio de la población nativa, y ya no soporta a más forasteros. Nadie, y mucho menos organismos parcializados, puede venir desde fuera a imponernos decisiones que vulneran la voluntad libre de los dominicanos.
Y ¿qué quieren esos “derechos humanos”?
¡Hola mamá, hola papá! En los primeros siete meses de 2023, digamos que hasta agosto, Estados Unidos deportó a 2,684 dominicanos, que cuadruplica la cantidad del 2022, ascendente a 736. También España ha devuelto a miles de marroquíes, y en otros territorios -igualmente- han hecho lo mismo. Extraña que ningún gobierno ni organismo internacional los haya sancionado, y ni siquiera reprochado.
Para conceder la nacionalidad, Estados Unidos y otras naciones exigen una retahíla de requisitos y, para otorgar visas de entradas, múltiples documentos, incluidos rigurosos certificados médicos, en los cuales conste que no se padece ninguna enfermedad contagiosa.
Con bastante frecuencia, magnates gringos e integrantes de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias exteriores vienen a favorecer a los hijos de haitianos ilegales nacidos en República Dominicana, con el respaldo de nativos traicioneros. ¿Por qué no hacen lo mismo en Estados Unidos y otros países de América Latina?
Si los dominicanos no forman juntas patrióticas, para ampliar y robustecer los esfuerzos del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el Instituto Duartiano y los grupos auténticamente nacionalistas que giran alrededor de la familia de los Vincho Castillo, los representantes de los organismos precitados seguirán arribando a nuestro país con una mandarria para lograr sus objetivos, bajo el supuesto respeto a los derechos humanos.
Por protocolo y conveniencia, las autoridades gubernamentales están en el deber de recibirlos y ofrecerles las explicaciones pertinentes. Han de continuar exigiendo, eso sí, el debido respeto a la autodeterminación, y estar atentas para no dejarse atrapar ni que la patria de Duarte sea humillada por forasteros del poder imperial.
¡Hola mamá, hola papá! El respeto a los derechos humanos sigue siendo una aspiración chata, coja y despedazada, y su cumplimiento está vinculada, obligatoriamente, con la prevalencia de la justicia social, la igualdad, la redistribución de las riquezas y la desaparición del fanatismo y las acciones terroríficas.
Da grima ver cómo en países europeos las protestas son sofocadas a palos limpios y cómo los extranjeros ilegales son devueltos en cajones como si fueran sardinas en latas, y si Haití fuera evaluado por los derechos humanos, no hay manera de que sus autoridades no sean condenadas.
Estados unidos no ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José para proteger y preservar su soberanía, y porque sería aplastado como una cucaracha solo con la cárcel de Guantánamo, los inmigrantes que apresan en la frontera con México y las transgresiones internas que se han incrementado luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Por más sencillos que sean los parámetros que utilice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cualquier otra institución ante tantas carencias de alimentos, viviendas o medicamentos, y ante tantas intolerancias, vejaciones y truculencias espantosas, encontrarán violaciones y culpables.
Todos los países quebrantan los derechos humanos, y los que ameritan estar en el banquillo de los acusados, se cuelan, por poderío económico, influencia política o lobbysmo, en suprapoderes que actúan con la investidura de fiscales y jueces, y entonces sacrifican a los más débiles y tontos.
Autor: Miembro de número del Instituto Duartiano
Periodista-mercadólogo, escritor, artículista, expresidente CDP
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