La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo sábado el conocimiento de medida de coerción contra Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, imputados en el caso “Desfalco Ministerio de Agricultura”.
La jueza Ana Lee acogió la solicitud de la defensa, quienes alegaron necesitaban más tiempo para conocer las piezas del proceso.
Cuestionado por periodistas cuando salía del tribunal, el procurador fiscal Ernesto Guzmán Alberto, dijo que se trata de un caso de desfalco, en el cual se ha visto comprometida la responsabilidad penal de los imputados.
“Se trata de un caso de desfalco, en el cual ha resultado comprometida la responsabilidad penal de estas dos personas, por un monto que asciende a los tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000), monto que puede aumentar según las pesquisas continúen”, dijo el miembro del Ministerio Público.
Guzmán Alberto explicó que el desfalco se produjo mediante transferencias ilícitas, utilizando el usuario de NetBanking, que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura y que manejaba en ese entonces Julio Fernández, padre de Domínguez Solano.
“Se transferían los fondos desde la cuenta del Viceministerio a la cuenta de Elizondo y Elizondo a la vez retornaba a favor del hijo del viceministro”, detalló sobre el método en el que sustraían el dinero.
Además de Guzmán Alberto, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca); Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, y por los procuradores fiscales Yoneiby González y Aurelio Valdez
Guzmán Alberto indicó que el Ministerio Público no descarta que, con el desarrollo de las investigaciones, el espectro del caso pueda ampliarse.
El representante del órgano persecutor, además precisó, que han solicitado la prisión preventiva como medida de coerción para ambos imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) desarrolló la investigación por la estafa de casi cuatro millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara la denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura.
Fiscales de la Pepca presentaron la instancia de solicitud de coerción, que consta de 66 páginas, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al mediodía de este domingo.
El Ministerio Público imputa a Domínguez Solano la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También, lo acusa de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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