Está pautada para las 9:00 de la mañana de este domingo en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que imputados en el caso de corrupción «Calamar» se presenten ante el juez para conocerles medida de coerción, luego de aplazarla el pasado martes 21 por la jueza Kenya Romero.
La magistrada Romero pospuso la audiencia para que abogados de los imputados lean el expediente y preparen para hoy su defensa, el cual contiene más de tres mil páginas y posee 1,200 elementos de pruebas documentales.
El Ministerio Público, acusa al grupo de 20 imputados: exministros, exdirectores y empresarios, de sustraerle al Estado dominicano más de 19,000 millones de pesos.
Figuran en este caso los exministros: Obras Públicas, Gonzalo Castillo; Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el abogado Ángel Lockward.
También, están detenidos el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Además, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
A todos, el Ministerio Público los acusa de: asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y «financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente», lavado de activos, entre otros, según el órgano persecutor en el expediente que depositó el lunes 20 de marzo en hora de la noche.
Se recuerda que el Ministerio Público llevó a cabo 40 allanamientos como parte de la investigación en las propiedades y residencias del grupo de encartado la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19.
Posterior a las irrupciones, los imputados fueron apresados por unidades de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Admnistrativa (Pepca).
Defensas de los imputados
Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo, Luz Díaz y Luis Rivas forman parte este domingo del consejo de defensa del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, uno de los principales acusados en el caso Calamar.
Los togados Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez encabezan la defensa de José Ramón Peralta, el jurista Eduard Núñez a Donald Guerrero, a quien se señala como el cerebro del grupo que estafó al Estado dominicano.
A Luis Miguel Piccirilo, lo representan Wendy Lora y Leonaldo Omar Caamaño, los juristas Carlos Escalante y Norberto Rondón defienden a Ángel Lockward, mientras que Ana Linda Fernández y Emil Fernández los defiende Virgilio Méndez.
Restricciones
Desde impedimento de visitas de parientes, comunicación por papelitos, dos mil pesos a la semana, dos t-shirts para uso diario, una vestimenta para asistir a la audiencia, zapatos sin cordones o sandalias son algunas de las restricciones que implementó el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (Caplip-2) al momento de colocar un letrero en la tercera planta del Palacio de Justicia, al lado de la escalera que da acceso a la cárcel preventiva, lugar donde están detenidos los implicados en la Operación Calamar.
Otras de las limitaciones corresponden a que los abogados tendrán horario de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde para visitar a sus clientes y solo el jurista titular de cada uno de los imputados tendrá la facilidad de presentarse con su cliente en el horario establecido.
Sobre el caso
“Un desfalco al Estado sin precedentes”, con esas palabras Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, resumió el caso de corrupción Calamar en el país.
“No hay forma en que no sea declarado complejo este proceso; está red tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país; además es el caso de más complejidad por cómo funcionaba, de cómo desde el Estado distintos funcionarios se coaccionaron para distraer fondos del Estado”, aseguró Reynoso.
Asimismo, la magistrada señaló que “este es un proceso en que el Ministerio Público ha estado, por varios meses, haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales de investigaciones para red de criminalidad organizada, ya que esta red constituye una que es muy poco común en lo que es esta región”.
Por otro lado, el órgano acusador pidió en la solicitud de medida de coerción que la operación sea declarada de “tramitación compleja”.
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