Tomás Aquino Méndez
Todos coinciden en la urgencia de una ley de agua. A pesar de tener esa convicción, hace más de 25 años se discute su entramado entre legisladores, políticos y ambientalistas. Se han debatido proyectos llegados desde el Poder Ejecutivo, junto a otras iniciativas nacidas en el Congreso y otras se han elaborado en despachos externos.
Hasta ahora ha sido IMPOSIBLE su aprobación. Hoy, parece inminente que se apruebe la Ley de Agua. El proyecto ya está en manos de los legisladores ante la necesidad de regular el uso del preciado líquido. Pero ya bien sea para consumo, riego, energía, industria, etc., hay que ponerle control. El proyecto que está en el congreso parece tener sus zonas vulnerables.
El ambientalista Luis Carvajal y la periodista Altagracia Paulino hicieron el alerta. Aclaran que favorecen la regulación de las aguas en el país y, más que todo, se protejan las zonas productoras del preciado líquido. Pero, al mismo tiempo, alertaron sobre la posible PRIVATIZACIÓN que se oculta en algunos de sus artículos.
Dicen que el actual proyecto, que ha sido enviado al Congreso, en su capítulo III, refleja la intención de concesionar el líquido, a través de subterfugios encubiertos bajo denominaciones como “concesión” o “Derecho de Administración Real”.
Ese parrafito, colado entre todas las páginas motivadoras de la pieza, debe abrir bien los ojos a la hora de leer, debatir y aprobar la Ley de Agua. Que los empresarios deseen CONTROLAR ese recurso natural no debe sorprendernos, pero que desde el ejecutivo se CUELE esa pretensión debe ponernos en ALERTA ROJA.
Confiamos que sea solo una “interpretación” errónea pero, por lo pronto, ENTORNEMOS bien los ojos, para ver cada letra, cada punto y cada coma de esa nueva Ley de Agua.
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