El proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos, que ya aprobó la mayoría mecánica en el Senado de la República del partido oficialista, atenta contra la institucionalidad de la República Dominicana y permite crear un «gobierno paralelo» al margen de las leyes.
Así lo entiende el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que adelantó su rechazo al proyecto en rueda de prensa, en que legisladores de esta entidad política advierten que la Cámara de Diputados pretende aprobar el proyecto con la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sin el consenso de los otros partidos.
“Con esta Ley el Gobierno del PRM quiere dar un golpe mortal a la institucionalidad del país; pues permite crear un gobierno paralelo, exento de las leyes y reglamentos para el uso de fondos públicos, desconociendo la necesidad de cumplir con las leyes de compras y contrataciones, función pública, crédito público y demás”, explicó el diputado Radhamés Camacho.
Cmacho, miembro del Comité Político del PLD (CP-PLD), denunció que, en su afán privatizador, el Gobierno pretende manejar la cosa pública como si fuera una empresa, sin cumplir con los controles que todo Gobierno debe tener para el manejo correcto y transparente de los fondos públicos.
El proyecto de ley establece en el artículo 13 que las compras y contrataciones se realizarían según el reglamento de cada fideicomiso, no según la ley de compras públicas.
El congresista considera que esto contradice el artículo 2 numeral 6 de la Ley 340-06 y va en contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 0305 de fecha 14 de diciembre de 2014.
El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, considera que es inconstitucional y coincidió con el vocero del PLD, Juan Julio Campos, en que es necesario revisar esa iniciativa con mayor detenimiento.
Fernández, afirma que si la pieza se aprueba tal y como está violaría la Constitución de la República. Señaló que al establecer que solo podrán ejercer como fiduciarias las controladas por una entidad del capital público, violaría el artículo 221 de la Carta Magna.
Retroceso institucional
El economista y vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, consideró que aprobar esa ley de fideicomiso público se convertiría en un “enorme retroceso a la transparencia e institucionalidad”.
Jiménez explicó en su cuenta de Twitter que con el proyecto se relajarían los controles en el manejo de fondos del Estado, pues señala que estos fideicomisos públicos podrán comprar y contratar “como les dé la gana”, sin la debida competencia y transparencia que establece la ley de compras para toda entidad que use fondos públicos.
“En el artículo 8 establece que la deuda contraída por el fideicomiso no es deuda pública, lo que evita requisito de aprobación congresual y registro en Crédito Público. En otras palabras, un permiso para endeudarse sin que nadie lo tenga que aprobar”, agregó Jiménez.
Indicó, además, que el proyecto no contempla el cumplimiento del debido proceso de la administración financiera del Estado. Puso de ejemplo la aprobación de contratos y pagos por la Contraloría, señalando que se busca “facilitar el uso de recursos públicos” mediante el no cumplimiento de las leyes y los controles.
Asimismo, dijo que el artículo 10 posibilita poner en la administración de lo público a personas sin los debidos controles y limitaciones de funcionarios públicos.
La Cámara de Diputados sesiona hoy con el propósito de conocer algunas iniciativas legislativas ya aprobadas por el Senado para convertirlas en ley.
El proyecto de ley sobre fideicomiso público es parte de esas piezas, sin embargo, no logra unificar a los distintos partidos políticos con representación congresual, a pesar de vencerse hoy el plazo que se le dio en la comisión especial a la que fue remitido.
El candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, destacó que “son muchas las ventajas de la figura del fideicomiso para promover el desarrollo, pero eximir los mismos del cumplimiento de la legislación sobre uso de fondos del Estado es un retroceso para la institucionalidad”.
Martínez, consideró incorrecta la propuesta legislativa en la cual “se establece que las compras de los fideicomisos públicos no cumplirían con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones”.
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